Considerando que ya más del 20% del gasto público se va a las pensiones, hacer cambios al actual sistema puede ser un riesgo para las finanzas públicas, alertó el Instituto Mexicano para la Competitividad.
Si el monto necesario para atender el sistema de retiro de los trabajadores se incrementa sin tener una reforma fiscal o un mecanismo que genere mayores recursos al sector público, las pensiones se van a terminar comiendo todo el presupuesto y el Gobierno se quedará sin recursos para salud, seguridad, educación, inversión pública, señaló Diego Díaz, investigador de Finanzas Públicas del IMCO.
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Después del proyecto de 20 reformas presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador donde se busca cambiar el actual régimen de pensiones, Díaz apuntó que el fondo es revisar el modelo del sistema laboral que es donde está el problema.
“Hay un tema central del que nadie habla, es el mal funcionamiento del mercado laboral en México, donde buena parte de la población se encuentra en el sector informal y nunca cotizaron ni en el IMSS ni el ISSSTE o pues no podrán tener una pensión”.
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Agregó que además los bajos salarios y la entrada y salida del mercado laboral, porque México es un país con pocos empleos estables hace que la gente no tenga Afore o tenga montos para el retiro muy pequeños
Es un problema de estado de derecho, donde la falta de mejores empleos estables hacen que no se alcance a cotizar las semanas necesarias para acceder a una mejor pensión y en ese sentido es donde se debe atender el problema o parte del problema.
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“En tanto no se atienda ese flagelo que es el mal funcionamiento del mercado laboral donde hacen falta políticas públicas que generen una mayor productividad de las personas y que se traduzcan en un mayor salario y empleos estables, menos informalidad será complicado un buen sistema de pensiones”.
El investigador del IMCO destacó que el proyecto de la actual administración federal de desaparecer los órganos autónomos para ocupar sus recursos económicos en las pensiones abonará a la falta de competitividad en el país.
Y explicó que el desaparecer estos entes dejará unos 40 mil millones de pesos, pero se proyectó un fondo inicial de pensiones de 65 mil millones, se podrá ocupar quizá para iniciar, pero en lo sucesivo “de dónde van a sacar los recursos”.
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El economista puntualizó que intentar cambiar el sistema de pensiones afectará no sólo a las finanzas públicas sino que abrirá un problema intergeneracional… se va a beneficiar a un grupo poblacional a costa o expensas de otros, “es una discusión que se tiene que abrir al debate”.
Además argumentó que usar los fondos de los órganos autónomos para las pensiones no servirá de mucho ya que son cifras minúsculas, para el monto que realmente se necesita como lo están planteando.
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“Es una fracción mínima, estamos hablando que para 2024 el gasto en pensiones será hasta de 1.96 billones de pesos, el monto de los autónomos apenas es el 2
Finalmente recordó que las cifras poblaciones no están siendo medidas en la exposición de motivos ya que hacia 2050 el número de personas mayores a 65 años será el doble o más que las que ocupan una pensión hoy.
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La iniciativa, destacó el IMCO, contraviene el objetivo principal del sistema de ahorro para el retiro vigente, que era garantizar la sostenibilidad fiscal del país. A mediados de 1997 se transitó de un esquema de “beneficios definidos” a uno de “contribuciones definidas”, es decir, el Estado financiaba las pensiones con los impuestos con el último salario de los trabajadores y ahora cada trabajador se autofinancia con sus propios ahorros.
El Poder Ejecutivo federal envió al Congreso dos iniciativas que pretenden modificar dos artículos de la Constitución relacionados con el funcionamiento del actual sistema de pensiones.