La nueva detención de los 8 militares implicados en el caso Ayotzinapa es una venganza por parte de la secretaria de Gobernación para “darle gusto” al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Así acusaron los defensores de los 8 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que tras obtener el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a libertad condicional por el presunto delito de desaparición forzada, hace unos días fueron reaprehendidos, ahora bajo el cargo de delincuencia organizada.
Este martes los abogados de los efectivos señalaron a Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), de orquestar una venganza en contra de sus clientes -a quienes calificaron de perseguidos políticos del Gobierno de López Obrador- ya que se volvió “el brazo armado” del titular del Ejecutivo para obtener las nuevas detenciones.
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“Este no es un crimen de Estado, es una persecución de Estado, los soldados son presos políticos. Desafortunadamente el cochinero que han hecho en esta administración en la investigación y proceso del caso lo único que ha logrado es empañar todo y cada vez estamos más lejos, por no decir imposible llegar a la verdad”.
Además, a pregunta expresa de Diario 24 Horas sobre si la nueva detención es para cumplir con los dichos del mandatario mexicano de que es el “caso con más militares en la cárcel” por un delito de esas características, César Omar González –uno de los integrantes del equipo defensor- dijo:
“Yo consideraría que sí, porque 1 o 2 días después de que se obtiene el cambio de medida cautelar son puestos en libertad, la secretaria de Gobernación sale a decir que va a pedir nuevas órdenes de aprehensión, entonces supongo que sí, es para darle gusto a su jefe –el Presidente-“.
A su vez, subrayó que en esta semana serán presentadas denuncias penales en contra de los funcionarios que armaron el nuevo caso, el cual calificaron de “mugrero” debido a que –según sus dichos- está basado en lo declarado por 2 testigos protegidos que habrían cambiado en días recientes sus testimonios y acusaron a los militares de cobrarles por protección.
“Marranada”, nueva orden de aprehensión
Por otro lado, la defensa calificó de “marranada” la nueva orden de aprehensión por presunta delincuencia organizada en contra de sus clientes.
Los abogados, César Omar González y Alejandro Robledo, señalaron que las órdenes de aprehensión es:
“Un coletazo con fines políticos electoreros y (…) el agente del Ministerio Público encargado de elaborar esta marranada, adscrito a la Fiscalía Especial de Investigación del caso Ayotzinapa presentaría hoy sus testigos estrella (…) pero no se presentaron”.
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Los abogados de los militares implicados en la desaparición forzada de los jóvenes la noche del 26 al 27 de septiembre señalaron que en 2023 se negó su detención por presunta delincuencia organizada porque no existían los elementos suficientes para ello, pero en esta ocasión la juzgadora encargada del proceso las otorgó.
“Es hasta que nosotros logramos el cambio de medida cautelar que la Fiscalía abruptamente cita a declarar a estos testigos protegidos, sin decir fechas, nombres ni lugares, se limitan a decir, como siempre lo hace la Fiscalía, los guachos, los verdes, los militares (…) son declaraciones vagas en consecuencia del cambio de medida cautelar”.
El 1 de febrero 3 de los 8 militares implicados en el caso fueron detenidos mientras se presentaban a firmar luego de que se les cambiará la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a libertad condicional.
Días antes, cuando se dio a conocer que los efectivos habrían obtenido dicha medida, Luisa María Alcalde, titular de Gobernación a indicación del presidente López Obrador solicitó a la Fiscalía General de la República revisar el tema y en su caso, solicitar nuevas órdenes de aprehensión.
EAM