Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señala que durante 2023, 80% de los contratos del Gobierno federal se entregaron por adjudicación directa, lo cual es una tendencia para este sexenio.
Según el reportaje, el gobierno federal aumentó los límites legales de montos para exceptuar las licitaciones públicas hasta en 153%.
Lo anterior ha causado que se entreguen contratos de mayores montos por adjudicación directa o invitación restringida en lugar de licitación.
Otro de los datos es que, el año pasado, el número de contratos en los que se publicó la convocatoria de licitación pública después de que inició el contrato fue el doble de 2022.
La revisión de MCCI da cuenta de que 1 de cada 4 pesos que se gastaron en contratos durante 2023 estaban mal clasificados en la plataforma CompraNet, debido a que se registraron como “otros”, en lugar de señalar si era licitación pública, adjudicación directa o invitación restringida.
La organización civil halló que hay 526 contratos en los que no hay disponible ni un solo documento del proceso de contratación, con un valor de mil 708 millones de pesos.
Entre los ejemplos, destaca que el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía reportó más del 30% de sus contratos, en total 107, sin subir un solo documento.
A su vez, Birmex no tiene ni un solo documento para un contrato de más de 840 millones de pesos sobre adquisiciones de vacunas.
Mexicanos contra la Corrupción documentó que “más de 8 mil 600 contratos por adjudicación o invitación restringida no tienen una justificación de por qué no se hizo una licitación pública, lo que genera huecos de información en el gasto de más de 116 mil millones de pesos.
24 HORAS ha publicado una serie de trabajos en los que resalta que el Fonatur-Tren Maya ha utilizado las figuras de contratación por adjudicación directa o invitación restringida para adquirir servicios con empresas que tienen sus domicilios en casas particulares.
El pasado 23 de enero, este diario publicó que El Fonatur-Tren Maya entregó un contrato por 116 millones de pesos para la logística de las giras de supervisión del presidente Andrés Manuel López Obrador a Soluciones Integrales Argal, una empresa creada en Durango y cuya ubicación es una casa en una colonia popular.
Dicho contrato se entregó por adjudicación directa, en enero de 2023 durante la gestión al frente del Fonatur de Javier May, hoy precandidato a la gubernatura de Tabasco.
La justificación para evitar someter a concurso el Servicio Integral para Giras Presidenciales fue porque se trataba de un asunto de Seguridad Nacional.
Tampoco la versión pública del contrato se encuentra en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), por lo que se mantiene en opacidad, en una violación al artículo 72 de la Ley Federal de Transparencia.
Sin embargo, documentos en poder de 24 HORAS dan cuenta de que el Fonatur-Tren Maya adjudicó el contrato a una empresa sin experiencia en el ramo de logística, creada en Durango y cuyo domicilio fiscal es una casa.