Las organizaciones de la sociedad civil que apoyan la candidatura de Xóchtil Gálvez convocan a una marcha “en defensa de la democracia’’, el próximo 18 de febrero, lo que puede representar el impulso definitivo que requiere la hidalguense o todo lo contrario.

 

No es un simple juego de palabras.

 

Esta podría ser la última oportunidad para dichas organizaciones de demostrar músculo, pues se realizará a dos semanas del inicio formal de las campañas electorales.

 

Ya se había experimentado con éxito la realización de estas marchas y posteriormente concentraciones.

 

Primero en defensa del INE y después en defensa del Poder Judicial de la Federación, ambos atacados consistentemente desde Palacio Nacional.

 

El éxito de ambos ejercicios radicó en el hecho de que fueron las asociaciones civiles las que convocaron y las que los encabezaron.

 

La manifestación del próximo 18 de febrero tiene como objetivo protestar por lo que desde hace meses se considera una elección de Estado.

 

Desde el Gobierno federal y los gobiernos estatales morenistas, se ha puesto en marcha la operación de programas sociales con evidentes fines electorales.

 

El evento del próximo febrero no debe dejar lugar a dudas del compromiso de la sociedad civil con la democracia y el juego limpio.

 

Como se dice en el futbol, tienen que reventarla.

 

Si no es así, el mensaje que se enviará a la ciudadanía es el de una “resistencia’’ frágil, casi casi de derrota, lo que no le conviene ni a las asociaciones, ni a los partidos políticos de oposición y desde luego, ni a la candidata presidencial.

 

Es un riesgo, sin duda, pero si sale bien la sociedad civil, los ciudadanos de a pie habrán hecho el correspondiente pase de lista, que se refrendará el día de la votación.

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Aquí hemos dado cuenta puntual de las historias alrededor del expediente 666/2016 del juzgado séptimo civil del primer circuito, en donde se ventila el caso de concurso mercantil de TRESE en contra de la empresa malaya Coastal y la mexicana Nuvoil, que buscan desesperadamente mandar a quiebra a la primera.

 

Esto, para tratar de ocultar las irregularidades jurídicas (incluso catalogadas como delito según consta en procesos de judicialización realizadas por Ministerios Públicos Federales en su contra) mediante las cuales desviaron más de 150 millones de dólares que sustrajeron del patrimonio de la empresa concursada de manera ilícita.

 

TRESE ha ganado más de 90 sentencias favorables en última instancia, derivadas de la misma cantidad de amparos, otorgados por tribunales colegiados.

 

Pero, en la trama aparece ahora el personal del área jurídica de Pemex quienes, ante el inminente cobro ejecutable por parte del juzgado séptimo civil federal, por alrededor de 114 millones de dólares (con apercibimiento firme de doble pago), se les ocurrió poner a “resguardo” ante un juez local (es decir no federal) más de 60 millones de dólares que la paraestatal había retenido al consorcio de la controversia.

 

El hecho es que poner a “resguardo” esa cantidad de dinero cuando ya hay ejecuciones firmes en contra, no extingue la obligación de Pemex de pagarlo, y menos cuando está firme un apercibimiento firme de doble pago.

 

¿Pues cuál es el trato de los empleados de Pemex con Nuvoil y Coastal que se pasan por el arco del triunfo las sentencias judiciales?

 

¿Lo sabe el director Octavio Romero Oropeza? Si no lo sabe, malo, y si lo sabe peor.

 

Lo dicho, algo huele a podrido en la empresa.

 

    @adriantrejo