El Parlamento de Francia adoptó, con 349 votos a favor y 186 en contra, una controvertida ley migratoria que recibió el respaldo de la ultraderecha, además de los partidos afines al presidente Emmanuel Macron.
“El texto migratorio ha sido votado definitivamente. Representa un largo combate para integrar mejor a los extranjeros y expulsar a aquellos que cometieron actos de delincuencia. Es un texto fuerte y firme”, destacó el ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, en la red social X.
Diputados y senadores franceses habían alcanzado por la tarde un acuerdo sobre el proyecto de ley de inmigración, con el apoyo de la Agrupación Nacional (extrema derecha) y Los Republicanos (derecha), tras arduas negociaciones.
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La comisión mixta paritaria, formada por siete senadores y siete diputados, empezó las negociaciones para acordar una nueva versión del texto el lunes a las 17:00 y las retomó este martes a las 10:30 tras una noche marcada por desacuerdos de último minuto, sobre todo respecto a las ayudas sociales.
La Asamblea Nacional rechazó debatir el anterior proyecto el 11 de diciembre, como un revés a Macron. El gobierno decidió mantener la reforma y convocó una comisión paritaria con el objetivo de buscar un compromiso con la oposición.
La presidenta de ultraderechista Agrupación Nacional (RN), Marine Le Pen, ensalzó también el acuerdo y anunció que sus diputados votarían a favor del proyecto de ley.
“Podemos alegrarnos de un avance ideológico, de una victoria incluso ideológica de la Agrupación Nacional, ya que ahora la ley incluye la prioridad nacional, es decir, la ventaja concedida a los franceses sobre los extranjeros presentes en nuestro territorio para acceder a un número determinado de prestaciones sociales”, escribió Le Pen.
“Es nuestro texto”, reaccionó por su parte el presidente del partido de derecha Los Republicanos, Éric Ciotti. Su grupo también votó a favor del texto. El jefe del grupo socialista en la Asamblea, Boris Vallaud, declaró, en cambio, que el acuerdo suponía “un gran momento de deshonra”.
La orientación final del texto generó tensiones entre los partidos afines a Macron y cinco ministros amenazaron con dimitir. Las negociaciones se centraron sobre todo en el sensible tema de los beneficios sociales para extranjeros no europeos en situación irregular.
La derecha defendía instaurar un mínimo de cinco años de residencia para abrir el derecho a ciertas ayudas.
Según fuentes parlamentarias, el compromiso sellado incluye una distinción entre extranjeros no comunitarios (que no sean ciudadanos de la Unión Europea) en función de si están o no “en situación de empleo”.
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Para ciertas prestaciones, será por ejemplo necesario haber residido cinco años en el territorio para los que no trabajan. Para los que tienen empleo, se requerirá haber permanecido en el país al menos 32 meses.
Las nuevas restricciones no se aplican para los estudiantes extranjeros, para los refugiados o para los que disponen de una tarjeta de residencia.
En un comunicado conjunto, varias oenegés y sindicatos denunciaron el acuerdo y describieron el proyecto de ley como el “más regresivo desde hace al menos 40 años” en Francia.
LEO