Cuando se debatió la desaparición del Fonden, fondo de previsión contra catástrofes, por razones de que las estructuras tradicionales del Gobierno ya contenían programas de emergencia, el gran debate se dio en torno a lo que estaba detrás del dinero para atender emergencias: una estructura de protección civil.
El Gobierno de Miguel de la Madrid, después de los terremotos de 1985, anunció una serie de decisiones para generar condiciones para prever desastres naturales, pero sobre todo para capacitar a los ciudadanos en la reacción organizada en situaciones de terremotos, inundaciones, huracanes y algún otro tipo de efecto negativo de la naturaleza.
La confianza gubernamental en la eficacia del Ejército y su Plan DN-III para casos de desastre hizo descuidar las labores de prevención de la protección civil: las Fuerzas Armadas participan después de los desastres, pero la autoridad civil es la que debió de haber profundizado la cultura de la previsión.
La población acapulqueña no fue capacitada para atender con previsión impactos naturales, los hoteles carecen de entrenamiento, las oficinas gubernamentales ignoraron las alertas, y menos aún existen planes para prever impactos de huracanes e inundaciones.
Ante daños por fenómenos naturales, la estrategia gubernamental no tiene zonas de refugio, ni cuadros de seguridad para controlar movilizaciones y desde luego que en ninguna oficina pública existe algún plan para evacuar zonas afectadas por inundaciones, huracanes o terremotos.
En este contexto, el problema del Fonden no fue la existencia de fondos presupuestales para apoyar afectados, sino que nunca se ha creado una cultura de protección civil que comience por los gobiernos.
Al final, los damnificados pagan los platos rotos de las negligencias gubernamentales de los tres niveles de la administración.
Zona Zero
- La ausencia de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en todo el ciclo de la crisis –las alertas climatológicas, los primeros vientos, el huracán en pleno y el abandono de la zona zero al saqueo– tendrá que abrir una investigación del Congreso. Los gobiernos municipales y estatales tienen la responsabilidad de prever catástrofes y de atender en lo inmediato las rupturas sociales por daños de la naturaleza. En Guerrero, de nueva cuenta, volvieron a fallar las autoridades locales.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh