El Gobierno, a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia presiona a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a que remita el expediente a la ponencia de Arturo Zaldívar para que elabore un proyecto de resolución sobre la controversia constitucional de Coahuila en contra de los libros de texto gratuitos.
Lo anterior, a través de un comunicado emitido por la Consejería Jurídica de la Presidencia en la que señala urge a la presidenta del Supremo Mexicano, la ministra Norma Piña a que, en relación al recurso de reclamación 342/2023 que presentó la Presidencia en contra de la controversia constitucional 412/2023:
“En cumplimiento del acuerdo del 5 de septiembre pasado, y con apego al artículo 17 constitucional, ordene de inmediato remitir a la ponencia del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea dicho expediente que le fue turnado para análisis y elaboración del proyecto de resolución”.
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Y enfatizó que, a más de 30 días el retraso constituye “una dilación injustificada en la impartición de justicia” en perjuicio de niñas, niños y adolescentes de Coahuila que aún no tienen los nuevos volúmenes.
Además de destacar que el 4 de octubre la Primera Sala de la Corte revocó por unanimidad el acuerdo de admisión y desechó la controversia constitucional promovida por el Gobierno de Coahuila por lo que:
“Se trata de un asunto análogo que debe resolverse en el mismo sentido a la brevedad. No hay alguna justificación legal para retrasar el dictado de la sentencia”.
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Asociación acusa hostigamiento a la Corte
Por su parte, la organización México Justo acusó que el Ejecutivo a través de los diputados federales de Morena continúa su “hostigamiento” al Poder Judicial, al buscar desaparecer 13 fideicomisos y quedarse con 15 mil 450 millones de pesos para enviarlos a la Tesorería.
En un comunicado, México Justo señaló que dicha “violación a los preceptos constitucionales” se da a través de una iniciativa presentada por el coordinador parlamentario de Morena, Nacho Mier, quien presentó una iniciativa para modificar 7 leyes que permitan al Gobierno hacerse de dichos recursos.
La organización indica que en la propuesta de Mier Velazco “Sólo el Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia, constituido por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), se encuentra considerado en la ley. Al segundo trimestre de este año, el Fondo tenía 6 mil 104 millones de pesos, por lo que los 15 mil 450 millones de pesos restantes tendrían que ser transferidos a la Tesorería”.
Por ello, acuso que dicho proyecto es una “ofensiva” del Ejecutivo contra el Judicial para extinguir 13 de los 14 fideicomisos que opera dicho Poder.
PGR