Por una lógica jurídica del precario sistema judicial mexicano que no alcanza a modernizarse, el sentenciado asesino del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, Mario Aburto Martínez, podría ser liberado el próximo año por causas referidas a la caracterización del crimen como un delito local y no federal.
Aburto fue arrestado, interrogado y sentenciado antes de que terminara el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, en medio de una de las más graves confusiones que sacó el caso del tema judicial y lo metió en el ámbito de las decisiones políticas de poder: el primer fiscal determinó que Colosio había sido asesinado en una acción concertada, pero luego se desdijo por presiones presidenciales y procesó el caso como de crimen solitario.
Durante casi 30 años el llamado caso Colosio ha representado el punto de inflexión de colapso del viejo sistema político priista y ha justificado algunas adecuaciones de liberalización política, con el dato mayor de que el PRI perdió la presidencia en el 2000 y la volvió a perder en el 2018 y que hoy se está desgranando por contradicciones internas entre los pocos grupos de poder que siguen pululando en su interior.
La posible liberación de Aburto no representará en realidad ninguna oportunidad para reabrir el caso y sacarlo del espacio controlado de manera autoritaria por el entonces presidente Salinas de Gortari para terminar con las versiones, rumores y sospechas de que el candidato priista había sido asesinado por la disputa del poder entre las élites del PRI.
Pero liberar al asesino de Colosio en medio de la revalidación de las sospechas no responderá a la necesidad que tiene la República de resolver uno de los dos crímenes políticos –el otro fue el del general Álvaro Obregón en julio de 1928– que marcaron la configuración de las relaciones internas del poder en el PRI. Hoy el PRI representa menos del 20% de la fuerza política nacional.
Zona Zero
- No hay una explicación racional ni política al mensaje en redes del expresidente Felipe Calderón Hinojosa pidiendo que Estados Unidos sea haga cargo de la elección presidencial mexicana de 2024, de no ser la interpretación de que se trató del reconocimiento opositor de que Morena ya tiene ganadas las elecciones y que sólo el poder intervencionista de la Casa Blanca pudiera modificar los resultados. Pero Calderón se encuentra en la agenda de narcotráfico de EU y quizá por ello los temores.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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