En la campaña presidencial de 2018, el candidato López Obrador tomó la bandera de Ayotzinapa y se comprometió a responder a las expectativas de los padres y familiares de los 43 normalistas secuestrados y desaparecidos, pero con el compromiso de no reiterar la “verdad histórica” del Gobierno de Peña Nieto y asumir las suspicacias políticas de los estudiantes insatisfechos.
Después de cinco años y decisiones irregulares que dejaron entrever la posibilidad de que existiera otro enfoque desde el punto de vista de la represión intencionada del Estado, el gobierno federal no pudo cambiar la perspectiva de la “verdad histórica”: un grupo de estudiantes se atravesó en los intereses de la organización criminal “Guerreros Unidos”, fue detenido por policías municipales al servicio de los delincuentes y entregados a esta organización criminal para su desaparición.
Los padres y familiares de los 43 se asentaron en el enfoque de que el arresto de los estudiantes y su entrega a un grupo criminal fue una decisión directa del Estado mexicano y una operación militar, pero a partir del enfoque imposible de que Estado y militares habrían dado la orden directa para arrestar a los estudiantes y entregarlos a guerreros unidos para su inmolación.
En los diferentes documentos entregados por el gobierno lopezobradorista queda muy claro que no hubo una instrucción represiva y directa del Estado y del Ejército y que, como se ha demostrado en diferentes niveles, pudieron haberse cometido errores de omisión, pero en el caso militar a partir de la restricción de que no podían participar en ningún conflicto civil si no había solicitud previa y por escrito.
Debe reconocerse que el Ejército ha tenido la paciencia para aguantar todas las recriminaciones graves, todas las acusaciones e infundios y ha entregado toda la información en sus manos y ahí no existe ninguna prueba que pudiera llevar a la conclusión de que en la desaparición de los estudiantes habría habido una orden directa de carácter represivo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Varios militares están detenidos más por la voluntad y tolerancia institucional que por alguna responsabilidad probada.
Luego de cinco años no hay más que la certeza de que la “verdad histórica” es la “verdad histórica” de Ayotzinapa.
Zona Zero
- Después del documento de la Sedena del martes, no hay elementos para seguir diciendo que fueron el Estado y el Ejército.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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