el ISSSTE estaba “devastado, lo dejaron como un cascarón
Foto: Cuartoscuro Rosa Icela Rodriguez, secretaria de Seguridad; Félix Arturo Medida, procurador fiscal de Hacienda, y Pedro Zenteno, director general del ISSSTE.  

El Gobierno denunció un presunto desfalco al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por más de 100 mil millones de pesos en administraciones pasadas.

En la Mañanera de este martes y en intervenciones separadas, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Rosa Icela Rodríguez, y el Procurador Fiscal, Félix Medina Padilla denunciaron esquemas de corrupción que aplicados en gestiones pasadas en el Instituto costaron al erario, 88 mil y 15 mil millones de pesos respectivamente.

Rodríguez Velázquez indicó que en el proceso de “nacionalización” del organismo, que comenzó por órdenes presidenciales, se descubrió un esquema de privatización que comenzó en 2007.

Fecha en la que directivos del Instituto, presuntamente a fin de favorecer a empresas con actos de corrupción dieron contratos por aproximadamente 254 mil millones de pesos en todo el sector salud, de los cuales casi una tercera parte fue en el organismo.

“De esa cantidad, más de 88 mil millones de pesos correspondieron a contratos celebrados con el ISSSTE. Lo más indignante es que los dueños de las empresas eran funcionarios públicos, políticos y prestanombres”, comentó.

De tal suerte que el ISSSTE estaba “devastado, lo dejaron como un cascarón y la privatización silenciosa fue dejándolo sin capacidad ni autonomía para brindar correcta atención y redujo su operatividad al mínimo”.

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Además de que el desabasto que hubo fue consecuencia de la corrupción y una mala administración del inventario de las farmacias y “robo hormiga” de medicamentos, aseguró.

Por su parte, Medina Padilla denunció que durante 12 años hubo un esquema en el Instituto que permitió un desfalcó por alrededor de 15 mil millones de pesos.

“Se trata de un modelo de corrupción en el que extrabajadores del organismo, coludidos con ‘coyotes’, abogados particulares y servidores públicos de los Tribunales Laborales, tramitaron miles de juicios ante las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje con el propósito de obtener una pensión más alta y beneficios fuera de la ley”, detalló .