Desde que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desapareció el Seguro Popular para iniciar la operación del Instituto Nacional para el Bienestar (Insabi), las personas que carecen de acceso a la atención médica aumentaron de 35.7 a 50.4 millones, entre 2020 y 2022.
Así lo revela el más reciente informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el cual reporta que el porcentaje de la población con carencias de acceso a los servicios de salud pasó de 28.2% a 39.1%, en el mismo periodo.
La situación se agrava al comparar los últimos cuatro años, ya que “en el periodo de 2018 a 2022, el porcentaje de la carencia por acceso a los servicios de salud aumentó más del doble” , de acuerdo con los Resultados de Pobreza en México 2022 del Coneval, presentados este jueves.
Con lo que la promesa del presidente López Obrador de que México tenga un sistema de salud como el de los países nórdicos se encuentra cada vez más lejos de cumplirse.
De acuerdo con el Consejo, una persona tiene esta carencia cuando no cuenta con adscripción o afiliación a las instituciones públicas de seguridad social (IMSS, ISSSTE federal o estatal, Pemex, Ejército o Marina), a servicios médicos privados, o bien, no se encuentra afiliado o inscrito al Seguro Popular, o no reportó tener derecho a recibir los servicios que presta el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
Por lo tanto, de acuerdo con los resultados, las personas con menores ingresos reportaron una mayor incidencia en la carencia por acceso a los servicios de salud.
Para 2022 en promedio, 6 de cada 10 personas del 30% de la población con menores ingresos presentaba dicha carencia.
Coneval refirió que, estos resultados se observaron en un contexto en el que hubo un cambio de sistema de salud enfocado a las personas sin seguridad social y la demanda de acceso a servicios de salud ante la pandemia de Covid-19.
En febrero de 2020 y en medio de falta de reglas de operación del Insabi (que sustituyó al Seguro Popular para finalmente ser extinguido también) llegó la pandemia de Covid-19 a México, que de acuerdo con datos oficiales del Conahcyt, al 25 de junio de este año ha dejado 7.6 millones de contagios y 334 mil muertes, aunque a diciembre de 2022, el Registro Nacional de Población tenía registradas 505 mil defunciones por Covid-19.
Además, durante este sexenio también se registró un cambio en el sistema de suministro de medicamentos que ha generado escasez en tratamientos para cáncer y en fármacos controlados para el dolor, entre otros.
El 1 de enero de 2020, entró en vigor el decreto por el cual desapareció el Seguro Popular y se creó el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) cuya misión era “proveer y garantizar servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados de manera gratuita a personas sin seguridad social”.
Sin embargo la falta de resultados llevó a que en marzo de 2022, el Gobierno federal informara el cambio del sistema y, en agosto de ese mismo año, el nuevo IMSS-Bienestar fue declarado un organismo público descentralizado, dirigido principalmente para las personas sin seguridad social.
En mayo de este año, se emitió el Decreto mediante el cual se estableció la desaparición del INSABI y se transfirieron sus atribuciones al IMSS-Bienestar.
Al respecto, el senador del Partido Acción Nacional (PAN) Damián Zepeda destacó que el dato más preocupante dado a conocer por Coneval es el incremento de personas que tienen una carencia en el acceso a servicios de salud.
“20 millones (de personas) que cuando le entregaron el gobierno a López Obrador no tenían a dónde irse a atender, hoy son 50 millones, 30 millones más. Así es que no, no hay nada que celebrar”.
El exdirigente nacional del PAN reconoció que si bien se dio un avance en ingresos, derivado principalmente por programas sociales que fueron aprobados en el Senado; al mismo tiempo, “este Gobierno ha sido bien irresponsable, porque hay millones de personas más que tienen carencias sociales, y el ejemplo más grave es salud, que pasaron de 20 a 50. Porque es un fracaso la política de salud del Gobierno”.
LEG