Mediante el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (IRNT, por sus siglas en inglés), la Global alliance for the Rights of Nature (GARN) exhortó al gobierno federal para que suspenda de manera inmediata las obras de construcción del megaproyecto Tren Maya, pues asegura afecta a comunidades y ecosistemas de la región.
Esta fue la principal demanda emitida en el veredicto sobre el caso del “Tren Maya”, realizado por el 8vo Tribunal local de los derechos de la naturaleza, que fue presentado este miércoles, en conjunto con organizaciones en pro del medio ambiente, además de entregado a la presidencia de la República.
“Condenar a las autoridades de los Estados Unidos Mexicanos a la suspensión inmediata del megaproyecto Tren Maya con todos sus componentes, así como la desmilitarización de los territorios indígenas”, se lee en el apartado III de la sentencia.
Continúa: “Exigimos al Estado, particularmente al Gobierno Central y al Ejecutivo, a que cese el despojo de las tierras ejidales y en general del territorio, así como el terminar con la persecución, amenazas, hostigamiento e intimidación de las personas defensoras de la naturaleza”.
El documento, que en sus 77 páginas, realizadas a lo largo de 4 meses, reúne testimonios y evidencia de las comunidades afectadas, recogidos in situ, señala que con la obra ferroviaria se violan los derechos de comunidades indígenas, activistas ambientales y al medio ambiente.
El Monseñor Raúl Vera, activista, aseveró que el proyecto es motivo de vergüenza, sobre todo porque “de manera tan evidente esté la mano del poder ejecutivo en esto”.
Destacó que “no es cualquier cosa”, sino “un proyecto asesino”, puesto que “se está violentando toda una estructura de la naturaleza”.
Es por lo anterior que el Ejecutivo no ha podido presentar el manifiesto de impacto ambiental ante el pueblo, que es el afectado, pues de lo contrario no lo podrían realizar, ya que “están ocultando la verdad, (…) están ocultando un etnocidio”, aseveró el Monseñor.
Durante la presentación también estuvieron presentes abogados, defensores ambientales y miembros de la comunidad maya, que coincidieron en que el veredicto es una herramienta jurídica que será de ayuda en sus respectivas luchas.
Además, estuvieron de acuerdo en que se trata de un tren militar, que no beneficia a las comunidades, e hicieron hincapié en que los derechos de los activistas medioambientales también es una cuestión que debe atenderse urgentemente, pues México es el país con el mayor número de activistas asesinados.