VIOLENCIA
Foto: Cuartoscuro / A pesar de la liberación de 16 trabajadores de Seguridad en Chiapas, la familia de Nayeli Cinco protestó para exigir a las autoridades su pronta localización  

La ola de violencia que se vive en algunos municipios del país ha sido detonada, principalmente, por la falta de fondos para la seguridad pública, que se cortaron a partir de 2021 y que servían para fortalecer a las policías, afirmó Javier Oliva, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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Apenas este sábado, tres policías de Cajeme, Sonora, fueron levantados y 30 más renunciaron ante la inseguridad.

Diversos hechos han ocurrido en alguna de las 286 alcaldías que desde hace dos años ya no recibieron recursos del Fortalecimiento de la Seguridad en Entidades Federativas y Municipios (Fortaseg), luego de su extinción.

Ejemplo de ello: Tijuana, en Baja California; Celaya, Cortazar, Guanajuato e Irapuato en Guanajuato; Acapulco, Chilpancingo e Iguala en Guerrero; Apatzingán, Morelia, Pátzcuaro, Uruapan y Zamora en Michoacán; y Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Tampico y Victoria en Tamaulipas.

A pesar de que este año se volvió a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación un rubro para apoyar a los municipios, resulta insuficiente pues no alcanza ni 10% de lo que se otorgaba; el último Fortaseg contempló 14 mil millones de pesos y para 2023, sólo habrá mil millones.

Como ejemplo, el caso de Michoacán, donde en el último Fondo se le destinaron para diez demarcaciones territoriales 129 millones 251 mil 875 pesos y este año toda la entidad recibirá 38 millones 668 mil 087, casi la tercera parte.

En esta entidad, en la última quincena dos hechos causaron pánico entre la población: la explosión en un campo minado de Apatzingán, donde cuatro soldados resultaron heridos y el asesinato del luchador social y fundador de las autodefensas, Hipólito Mora.

MALA IDEA AUSTERIDAD EN SEGURIDAD: OLIVA

En entrevista con 24 HORAS, Oliva señaló que los ayuntamientos quedaron vulnerables ante la falta de recursos, lo que limitó la contratación de más personal, capacitación e insumos.

“La seguridad pública de los municipios es cara, se necesita armamento, uniformes, cuarteles, patrullas”, entre otros, sostuvo.

Aplicar los conceptos de austeridad a la seguridad, no da buenos resultados y eso se refleja en la realidad y estadísticas, expresó.

En opinión del experto, el pronóstico sobre seguridad no es alentador ya que no ve alguna variable que marque algún precedente de cambio en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y menos aún de sus posibles sucesores. “El mismo presidente ya reconoció que su sexenio será el más violento de lo que va del siglo”.

VIOLENCIA, REMANENTE DEL PASADO: AMLO

Luego de lamentar el crimen del líder social Hipólito Mora, en Michoacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes durante La Mañanera, que la violencia que se vivió en La Ruana es herencia del pasado.

“Es un remanente de la violencia que se auspició desde el Gobierno; hubo un narco Estado durante el Gobierno de Felipe Calderón, el secretario de Seguridad Pública que está preso, acusado de complicidad con narcotraficantes, aplicó una estrategia de eliminación de unos delincuentes y de protección a otros”, señaló.

Además, indicó, Enrique Peña Nieto se propuso enfrentar la violencia al organizar a guardias civiles y autodefensas.

‘Regresó a mi tierra a la hora que quiera’

No soy ningún pinche líder de plástico ni de papel, afirmó Hipólito Mora en su última entrevista —inédita— tras el primer atentado en su contra en marzo pasado, en el que exigía garantías, defendía su derecho a poder estar en su tierra y a no tener que huir como si el delincuente fuera él.

Este sábado, el exlíder del ahora extinto movimiento autodefensa, alzado en 2013 para combatir al crimen organizado en la región de Tierra Caliente, fue sepultado en su tierra natal, La Ruana, Buenavista Tomatlán, Michoacán, donde, tras varios intentos, finalmente fue asesinado el pasado jueves presuntamente por miembros del cártel Los Viagras.

“No soy ningún pinche líder de plástico ni de papel. Yo regreso a mi tierra a la hora que yo quiera; a mí no me espantan, tengo derecho a regresar a mi casa y a mi trabajo(..) los que deben de salir de La Ruana son los delincuentes”, dijo el empresario limonero.

La última vez que pidió auxilio fue el 22 de junio, siete días antes de que lo asesinaran.

En su última entrevista con Quadratín, el activista recordaba: “De que puede surgir otro movimiento armado por parte de civiles, si el Gobierno no hace su trabajo, no tengo ninguna duda. En La Ruana ya están hartos; la gente me está mandando a decir: ‘díganos a qué hora para tomar las armas y empezar a pelear y echar a esta gente para afuera’. Yo les digo: ‘tranquilos, déjenme seguir trabajando para ver si convenzo al Gobierno de que haga bien su trabajo, a ellos les compete, no a nosotros los ciudadanos’”.

 

 

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