La Corte Penal Internacional (CPI) autorizó ayer a su fiscal a reanudar la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro, al considerar insuficientes los procedimientos judiciales nacionales.
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Venezuela anunció que apelará, porque sostiene que las denuncias de violaciones de derechos humanos registradas desde 2017, cuando manifestaciones antigubernamentales dejaron más de un centenar de muertos, deben dirimirse en el marco de su propio sistema judicial.
La CPI, con sede en La Haya, indicó en un comunicado que los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de esa jurisdicción consideraron que aunque “Venezuela está realizando algunas diligencias de investigación, sus procesos penales nacionales no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía”.
“En cuanto a los factores que la Sala consideró determinantes para su conclusión, encontró que Venezuela no parece estar investigando las alegaciones fácticas que subyacen a los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad”, señala el comunicado.
El texto también apunta que “Venezuela parece haber tomado medidas de investigación limitadas” y que en muchos casos “parece haber períodos inexplicables de inactividad investigativa”.
En un comunicado divulgado por la Cancillería, el Gobierno de Venezuela lamentó la decisión de la CPI, al sostener que existe una “intención de instrumentalizar los mecanismos de la justicia penal internacional con fines políticos”, que asegura forma parte de una “estrategia” para intentar sacar del poder a Maduro “impulsada” por autoridades de Estados Unidos.
Activistas venezolanos celebraron la autorización para reanudar la investigación, al calificar la decisión como “una victoria para las víctimas”.
CON INFORMACIÓN DE AFP
LEG