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Foto: Valeria Chaparro / El AIFA, el año pasado, no obtuvo los ingresos suficientes ni para pagar los servicios de limpieza de sus instalaciones, según un cruce de contratos, auditorías y reportes  

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el año pasado, no obtuvo los ingresos suficientes ni para pagar los servicios de limpieza de sus instalaciones, según un cruce de contratos, auditorías y reportes financieros.

La revisión de 24 HORAS a la Cuenta Pública 2022 indica que los ingresos netos del aeropuerto, administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), fueron de 132.2 millones de pesos etiquetados como venta de bienes y servicios.

Mientras que, según la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el año pasado el AIFA firmó contratos para servicios de limpieza por 163.3 millones de pesos; es decir, las ganancias de la terminal aérea, uno de los proyectos insignia de la Cuarta Transformación, ni siquiera alcanzaron para cubrir el aseo de sus edificios.

De acuerdo con el contrato AIFA-SRM-SVS-005/2022, el aeropuerto pagó 143.9 millones de pesos a la empresa Ecodeli Industrial por el servicio de limpieza de las diversas áreas del complejo, ubicado en Santa Lucía, Estado de México.

A su vez, firmó el contrato AIFA-SRM—SVS-021 /2022 con el corporativo Aseca por un monto de 19.4 millones de pesos para la recolección de residuos y el barrido de vialidades que integran el aeropuerto.

Las ganancias del Felipe Ángeles en 2022 son cercanas a lo que se pagó en ese año solo por el servicio de mantenimiento y operación de la energía de media tensión, cuyo contrato fue para la empresa Fabricante Eléctrico Nacional, por 104.9 millones de pesos.

A su vez, la mitad de lo ganado por el AIFA, en su primer año de operación, equivale a lo que pagó por el servicio de gas LP para darle funcionamiento a su planta de cogeneración de energía, cuyo servicio fue suministrado por Energas de México, con un monto de 65.5 millones de pesos.

Los ingresos del Felipe Ángeles tampoco alcanzarían para cubrir el pago de los servicios médicos del aeropuerto, pues se firmó un contrato por más de 200 millones de pesos con la empresa Atlas Salud para ese fin.

Con sus ingresos de 2022, al AIFA tampoco le alcanzaría para cubrir “el servicio de atención médica prehospitalaria de manera integral, cuya prioridad será la atención de urgencias y emergencias médicas, así como todas aquellas que se requieran, incluyendo situaciones a bordo de las aeronaves”.

Por los servicios médicos del año pasado se pagaron 250.5 millones de pesos a Atlantis Operadora de Servicios de Salud; en contraste, los ingresos fueron de poco más de 132 millones de pesos, en su primer año de operaciones, pues el Felipe Ángeles entró en operaciones el 21 de marzo de 2022.

Desde su inauguración y hasta marzo pasado, el AIFA movilizó a un millón 460 mil pasajeros, según sus reportes oficiales. Además, en abril, se contabilizaron 205 mil viajeros, y 218 mil 322 personas que utilizaron el aeropuerto en mayo pasado, siendo su mejor cifra histórica.

En comparación, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) movilizó a 42.1 millones de pasajeros tan solo en 2022; es decir que el promedio mensual de usuarios, equivalente a 3.5 millones de personas, es más del doble de los que utilizaron el AIFA en todo el año.

Una auditoría externa, practicada por el despacho Auditaxes de México como parte de la Cuenta Pública de 2022, da cuenta de que el aeropuerto de Santa Lucía gastó 383.7 millones de pesos en Servicios Personales, lo que significa la nómina de trabajadores, así como 823.7 millones de pesos en servicios generales, entre los que se encuentran la limpieza, internet, luz, agua, entre otros, así como 61.3 millones de pesos en materiales y suministros.

El año pasado, el AIFA tuvo un subsidio del Gobierno federal por mil 328 millones de pesos, pero resalta que se trata de un presupuesto triplicado a lo largo del ejercicio fiscal, pues originalmente solo se le autorizaron recursos por 419.4 millones de pesos.

La fiscalización señala que “no se pueden comparar datos del ejercicio anterior, puesto que las operaciones iniciaron en 2022, por lo que no se cuenta con ninguna referencia que permita identificar el comportamiento del gasto”.

LEG