La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el ministro, Arturo Zaldívar, se confrontaron sobre si son designados de manera democrática o no, en medio de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para que los integrantes del máximo tribunal sean electos por voto directo.
Durante la discusión en la que se invalidó la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad por violaciones al proceso legislativo, la presidenta de la Corte defendió que su nombramiento tiene un origen democrático, mientras que el ministro sostuvo lo contrario.
“No somos electos democráticamente, es una realidad, que eso nos pueda inhibir a hacer nuestra labor constitucional, yo creo que no, tenemos una legitimidad constitucional, pero hay una enorme doctrina sobre el carácter contra mayoritario de la justicia constitucional que tanto jueces y juezas que no somos electos democráticamente podemos o no incidir, hasta qué grado, en las normas que emite el legislador”.
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La presidenta de la SCJN respondió: “Podría decir también que sí somos propuestos por el Poder Ejecutivo -que él es electo democráticamente- y designados por el legislativo, que también tiene un origen democrático, entonces, partiendo de esa conformación, hay una amplia doctrina al respecto”.
Para el ministro Zaldívar “el sustento de nuestras decisiones tiene que estar en la Constitución, y solamente cuando se afecta el debate democrático o las reglas esenciales del procedimiento me parece que no es dable invalidar un procedimiento legislativo, de lo contrario, desde mi punto de vista, creo que estamos en una cuestión de cuestionable legitimidad democrática y de afectación a la división de poderes“.
Por su parte, Piña indicó no compartía esos “comentarios de que nosotros no somos electos democráticamente, eso está establecido en la Constitución, y tampoco comparto que el realizar nuestra labor como Tribunal Constitucional implique una afectación a la división de poderes, con todo respeto”.
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El debate se dio en la discusión en la que se invalidó la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad por violaciones al proceso legislativo.
Dicha norma entró en vigor en junio de 2021 y tenía el objetivo de regular la contratación de espacios de propaganda mediante terceros, por lo que consideraba sanciones para las agencias de publicidad que revendieran espacios.