La amenaza de escalar el conflicto por las importaciones estadounidenses de maíz genéticamente modificado a México fue del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En noviembre del año pasado, tras reunirse con el secretario de Agricultura del Gobierno de los Estados Unidos, Tom Vilsack, López Obrador dijo que si no se llegaba a un acuerdo se recurriría a una revisión de un panel.

Esa amenaza del Presidente mexicano es hoy el camino emprendido, pero por el Gobierno de los Estados Unidos.

El propio secretario Vilsack dijo el fin de semana que el Departamento de Agricultura respalda el éxito de los granjeros de su país a través de impulsar un comercio basado en la justicia, la apertura, las reglas y la ciencia, y que ese es el espíritu del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC.

En tiempos de Donald Trump como Presidente las concesiones eran casi totales. “Nunca vi a nadie doblarse así”, dijo Trump. Pero con Joe Biden el régimen de López Obrador ha buscado estirar la liga en la relación bilateral.

Pero hay límites, sobre todo cuando el conflicto envuelve a grupos poderosos de granjeros que tienen enorme capacidad política en el Congreso.

Hay razones dogmáticas, no científicas, en la posición del gobierno mexicano para poner barreras a la importación de maíz amarillo modificado genéticamente.

La Unión Europea ya perdió un caso similar frente a Estados Unidos, en el marco de la Organización Mundial del Comercio, porque no hay estudios concluyentes que demuestren que los productos biogenéticos sean dañinos para la salud.

Si las consultas actuales solicitadas por el Gobierno de Estados Unidos, a través de su representante comercial, Katherine Tai, conducen al establecimiento de un panel de solución de controversias en el marco del T-MEC, es muy probable que lo pierda el gobierno mexicano.

Las negociaciones de este tema tienen ya muchos meses. La idea era impedir llegar a este punto de solicitud formal de consultas. A partir de ahora corre aproximadamente mes y medio antes de dar el siguiente paso que es establecer un panel.

La única salida es que México abandone su postura de enfrentar a la “ciencia neoliberal” y desista de sus barreras a los productos biotecnológicos. Pero como eso difícilmente va a ocurrir, lo que seguiría es establecer un panel de expertos.

Son aproximadamente seis meses de trabajo de un panel de estas características. Y tras su resolución, si México pierde, se establecen cuotas compensatorias al tamaño del daño que se calcule se hace a la agricultura estadounidense.

México importó el año pasado cinco mil millones de dólares en maíz y las represalias serían en los sectores exportadores más representativos de México, por lo que implicaría un castigo costoso.

La resolución de un eventual panel del T-MEC se daría a principios de 2024, un año electoral en ambos países. Y los agricultores tienen gran peso político en Estados Unidos.

La paciencia demócrata se puede acabar con la presión de sus electores y con un riesgo adicional, si Joe Biden no conserva la presidencia y eventualmente regresara a La Casa Blanca Donald Trump, podríamos imaginar el tamaño del problema económico que tendría México en los años por venir.

 

     @campossuarez