Foto: Cuartoscuro | Se aprobó un dictamen que establece que deudores alimentarios y violentadores no podrán acceder a cargos públicos.
Foto: Cuartoscuro | Se aprobó un dictamen que establece que deudores alimentarios y violentadores no podrán acceder a cargos públicos.  

La Comisión de Asuntos Políticos – Electorales del Congreso capitalino aprobó un dictamen, donde se establece que deudores alimentarios y violentadores no podrán acceder a cargos públicos.

El diputado de Morena, Temistocles Villanueva, y presidente de la Comisión de Asuntos Políticos – Electorales, señaló que las reformas aprobadas establecen que como objetivo evitar que personas violentadoras de mujeres y de los derechos familiares accedan a cargos de elección popular.

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La modificación establece que la persona interesada en contender no debe haber sido sentenciada por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales; por violencia familiar, violación a la intimidad sexual o por violencia política contra las mujeres en razón de género.

Además, no debe haber sido sentenciado o sancionado penal o administrativamente por actos de discriminación por género, identidad o expresión de género u orientación sexual; y no debe estar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, a qué se refieren los artículos 35 y 323 séptimos del Código Civil para la Ciudad de México ni en el Registro de Personas Agresoras Sexuales.

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También, el dictamen contó con la opinión de la Comisión de Igualdad de Género local, que considera que la propuesta presentada por las diputadas Martha Ávila (MORENA) y María Guadalupe Morales (MORENA) es viable porque fortalece la Administración Pública Local, además, promueve la prevención de la violencia institucional y apela al compromiso de la ética pública.

En tanto, la diputada Gabriela Quiroga del PRD informó que acompañará el dictamen a favor, con el objetivo de lograr que ningún violentador, agresor o deudor alimentario acceda a puestos de poder, donde se administre justicia o recursos públicos, para garantizar que las mujeres obtengan máximo grado de protección a sus derechos.