Con los reclamos de la oposición por la premura, que incluso implicó la cancelación de cinco foros de parlamento abierto de siete acordados, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen que expide la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
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El diputado Mario Alberto Rodríguez (MC) recordó que existía un plazo para generar una ley de ciencia en 2020, y cuando se presentaron las propuestas la mayoría oficialista no las aceptó.
“Yo voy de acuerdo que no aceptaran las de la oposición, pero cuando llega la del presidente ni siquiera se procesó, se dispensó el trámite, lo pudieron haber hecho, tampoco lo hicieron.
Lo que hicieron todavía fue enredarlo más, convocaron a comisiones unidas, se comprometieron, porque eso lo hicieron ustedes en las comisiones, a convocar a siete parlamentos abiertos y tener un dictamen el día 12 de abril, tampoco lo hicieron.
“¿Por qué no lo hicieron con los procesamientos, los procesos legislativos como marca? Y hoy tuviéramos una discusión en términos del documento, pero no en términos de los procedimientos que se violaron. Ese es el punto en el que estamos aquí. Aquí nos tienen por esa violación e iremos a acatar y a subsanar ese procedimiento”, expresó el legislador.
La diputada Elizabeth Pérez (PRD) señaló que el dictamen no resuelve los problemas que según Morena quiere resolver, “no resuelve el tema de la aparente corrupción que llevó al régimen a despojar a más de 25 mil millones a la ciencia, la tecnología y la innovación en 109 fideicomisos”.
“Andrés Manuel López Obrador, a más de dos años, no ha presentado una sola prueba de que esa corrupción que denuncia según él todos los días, tenga algún efecto. Sí afectó a investigadores, becarios, académicos, académicas, y sobre todo a la comunidad científica.
“No solo no ha presentado pruebas, sino que no hay denuncias en contra de los presuntos responsables de la corrupción. No, esa ley no resuelve eso”, dijo la perredista
Lamentablemente, continuó, tampoco resuelve los abusos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en contra de sus adversarios por medio de denuncias que lleva a la ciencia a los juzgados.
Esta propuesta legislativa, abundó, es total y absolutamente insuficiente para acotar los abusos de la nueva élite guinda contra los sectores de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Según el dictamen, la expedición de la nueva ley de ciencia y humanidades garantizar el ejercicio del derecho humano a la ciencia conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, con el fin de que toda persona goce de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, así como de los derechos humanos en general.
El Conacyt será ahora el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, y Tecnologías (Conahcyt) y será encargado de realizar la elaboración y presentación de la propuesta de los programas sectoriales en materia de investigación humanística y científica, desarrollo tecnológico e innovación, con previo dictamen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El documento establece que los beneficios serán la promoción de las humanidades dentro de un nuevo marco normativo, a fin de articular y consolidar una estrategia integral del conocimiento para el desarrollo de México, privilegiando el interés general.
Además, transparenta el ejercicio de los recursos presupuestarios destinados a la investigación humanística y científica, desarrollo tecnológico e innovación y diversifica las convocatorias de apoyo de manera óptima y planeada.
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La diputada Araceli Celestino Rosas (PT) destacó que con esta nueva ley se incorpora el derecho humano a la ciencia, “que significa poner la ciencia al servicio de la población”.
“Esto de acuerdo con la UNESCO ayudará a que logremos que las y los mexicanos puedan vivir más y con mejor calidad de vida, ya que el desarrollo científico proporciona medicamentos eficaces para curar enfermedades y dolor que sufre nuestro pueblo”, expresó la petista.
CSAS