De ser aprobada la iniciativa de reforma en materia administrativa, por la cual se fortalece la rectoría del Estado sobre particulares, se convertiría en un inhibidor de las inversiones, consideró el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

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Y es que, entre las modificaciones a las 23 leyes federales que plantea la iniciativa enviada al Congreso de la Unión desde finales de marzo pasado, preocupan dos cláusulas en particular: aquella que refiere la posibilidad de una cancelación anticipada de contratos, y la que sugiere que el cálculo de la indemnizaciones quedaría a cargo de las autoridades, puntualizó José Domingo Figueroa Palacios, presidente nacional del IMEF.

“Todo contrato de concesión tiene dos cláusulas muy importantes, que es cuáles son los motivos que se deberían de dar para una cancelación que está perfectamente establecidas; y segundo, cómo se calcularía el monto de indemnización. En este sentido, modificarse estas dos cláusulas, serían un inhibidor para el financiamiento de los proyectos”, advirtió.

En conferencia de prensa, el presidente nacional del IMEF enfatizó en que los proyectos de inversión requieren certidumbre, y las referidas cláusulas no estarían propiciando para que se dé dicha condición.

De acuerdo con la iniciativa de decreto por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia administrativa, se propone incluir la “cláusula exorbitante” en los contratos con la Administración Pública Federal, en la que el Estado puede terminar la relación jurídica de manera anticipada y unilateral cuando así convenga al interés público, general o social.

También se plantea establecer límite a los montos de las indemnizaciones cuando se condene a su pago en procedimientos jurisdiccionales o arbitrales, tanto nacionales como extranjeros.

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Y es que, se argumenta que la actual administración heredó procedimientos jurisdiccionales en los que se reclama el cumplimiento de contratos, concesiones, permisos, autorizaciones o bienes otorgados de manera ilegal, así como el pago de indemnizaciones desproporcionadas.

 

 

 

 

RM