Tras la muerte de 40 migrantes el lunes pasado en una estación migratoria en Ciudad Juárez, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó ayer que el Instituto Nacional de Migración (INM) rescindió el contrato del Grupo de Seguridad Privada Camsa S.A de C.V.
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A través de un comunicado, la SSPC reconoció que se tiene un primer contrato con una vigencia del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2022, por el que se erogaron 151 millones 439 mil 389 pesos.
“Se dio continuidad al contrato y para el periodo de 1 de marzo al 31 de diciembre de este año 2023 se estableció uno nuevo, por un monto mínimo de 76 millones de pesos y un máximo de 190 millones. Este contrato será rescindido”, dice el texto.
“El Instituto no ha erogado cantidad alguna para este último e incluso el 28 de marzo dio vista al Órgano Interno de Control por las irregularidades de la empresa”, agrega.
Por otra parte, la dependencia dio a conocer que de acuerdo con información del IMSS, hasta enero de este año, Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A de C.V. tenía registrados 30 trabajadores ante esta institución, cifra que aumentó a 44 en febrero, pero el 31 de marzo, es decir cuatro días después de la tragedia de Ciudad Juárez, la empresa dio de alta 417 trabajadores.
De esta manera, al momento suman 478 empleados dados de alta en este sistema.
Ante ello, el IMSS emitió una opinión negativa de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social contra esta compañía. La dependencia aseguró que esta información está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones a que haya lugar.
SERVICIOS A IPN
En su edición del 31 de marzo, este diario dio a conocer que de tener contratos solo por 888 mil 543 pesos con el Instituto Politécnico Nacional (IPN), Grupo de Seguridad Privada Camsa fue beneficiado por el Instituto Nacional de Migración (INM) con una adjudicación directa por 165 millones de pesos.
Con experiencia solo en la vigilancia de algunas instalaciones menores de la institución de educación superior, la empresa obtuvo el contrato con el INM, sin concurso de licitación, para la seguridad de los albergues y centros migratorios de 23 entidades, incluido el de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde ocurrió la tragedia.
De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el historial de la empresa comenzó en 2019, con tres contrataciones del IPN.
Tragedia reveló corrupción en Migración, dicen legisladores
Por: Jorge X. López y Karina Aguilar
Con la muerte de decenas de migrantes en la estación migratoria de Ciudad Juárez ha comenzado a revelarse la corrupción “y la mugre” del Instituto Nacional de Migración (INM) y con ello los contratos que ha adjudicado de manera directa, aseguró la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, Rosa González Azcárraga (PAN).
“Todo esto destapó la cloaca de todo el tema migratorio y lejos de tener una política migratoria con la que se proteja a los migrantes y un refugio en nuestro país, estamos completamente al revés, no somos para nada un país seguro para los migrantes; ya quedó muy demostrado.
“Además de estas denuncias de corrupción, está la cantidad de denuncias que hay en la Comisión de Derechos Humanos, nada más en el 2022, documentado por Amnistía Internacional, son más de dos mil y desde 2018 más de cinco mil”, apuntó la legisladora.
En tanto, el diputado federal Alejandro Robles (Morena), integrante de la Comisión de Asuntos Migratorios en San Lázaro, destacó el compromiso del presidente López Obrador por realizar una investigación exhaustiva y profunda de lo sucedido en Ciudad Juárez.
“Creo que es muy claro, este gobierno no va a solapar ningún funcionario, por más cercano, por más militante que sea del obradorismo”, expuso el legislador.
Por otra parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, indicó que el tema migratorio es una asignatura pendiente en el país y es un fenómeno que muchas veces implica discriminación y violencia contra las y los migrantes.
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