La estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde el lunes se produjo un incendio que ha cobrado la vida de 39 migrantes cerrará definitivamente, informó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.
En conferencia de prensa, la funcionaria dijo que “desde ya, se ha tomado la decisión de suspender de forma definitiva la operación de la estación migratoria”.
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Detalló que los migrantes qué estaban en el sitio fueron trasladado al Centro Integrador para el Migrante Leona Vicario.
Sobre este sitio expresó que las personas migrantes estarán en libertad de entrar y salir y recibirán además de alojamiento, alimentos y servicio médico.
Rodríguez indicó que este lugar no dependerá del INM sino de la Secretaría del Trabajo y tendrá todo el apoyo del Gobierno federal para su operación.
“Es un centro integrador de puertas abiertas, no es un centro de control como la estancia migratoria, solo sirve para dar servicios”, apuntó la titular de la SSPC .
Sobre la posibilidad de que en el sitio se brinden algún tipo de trámites o servicios, dijo que se contará con presencia de embajadas y consulados.
Sobre la situación del resto de las estancias migratoria en el país y si es que tienen como parte de su inmobiliario rejas para retener a las personas migrantes, Rodríguez apuntó que se está elaborando un informe al respecto que tendrían listo este fin de semana.
Ante la insistencia de los reporteros sobre la probable responsabilidad que tendrían en este hecho el comisionado del INM, Francisco Garduño, así como los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la titular de la SSPC aseveró, en una y otra ocasión, que se hará justicia y que no se politizará el asunto.
“No se trata de ninguna manera de que no haya justicia y de que no haya verdad, lo estamos haciendo con toda responsabilidad y lo voy a decir: sin chivos expiatorios”, aseguró Rodríguez.
Rescinden contrato a empresa
La secretaria también dio a conocer que se rescindirá el contrato de la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA, el cual se otorgó por adjudicación directa para prestar sus servicios en 23 estados del país.
El contrato tenía una vigencia del 01 de marzo de 2023 al 31 de diciembre de 2023 con un monto mínimo de 76 millones de pesos y un máximo de 190 millones de pesos.
Además, dijo, se inició un proceso sancionador contra la empresa por haber incurrido en al menos nueve omisiones.
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Entre éstas mencionó el ofrecer servicios diferentes bajo el nombre de Grupo Tank Seguridad Privada Profesional; el haber omitido actualizar el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada; evitar en todo momento aplicar, tolerar o permitir actos de tortura, malos tratos, actos crueles, inhumanos o degradantes.
Dicha empresa también habría incurrido, según la secretaria de Seguridad en no haber inscrito, capacitado y presentado a su personal operativo a la Dirección General de Seguridad Privada, así como sus exámenes médicos, psicológicos y tóxico lógicos de su personal operativo.
Cuestionada sobre la razón de que dependencias federales contraten un servicio privado en lugar de hacerlo con el Servicio Federal de Protección dependiente de su Secretaría, y con lo cual se desoyó una orden presidencial, Rodríguez señaló a las direcciones de administración como las responsables de hacer esas contrataciones, pues esos servicio, reconoció, son más baratos que los que ofrece la SSPC.
EAM