Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) no aplicó ningún criterio que pudieran presentar después como medio para validar adquisiciones, aseguró Claudia Bazúa Witte, auditora especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
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En reunión de trabajo de la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados donde acudieron todos los auditores especiales y sólo el auditor superior, David Colmenares, lo hizo de manera remota, Bazúa Witte apuntó que la falta de documentación comprobatoria del uso de recurso se presenta en los distintos entes auditados, pero de manera grave en Segalmex.
“En materia de contrataciones públicas efectivamente coincidimos en que debemos proteger el interés social de las mismas y lo que hemos encontrado como principales irregularidades que se han ido atendiendo a lo largo del tiempo, fundamentalmente en la integración de los expedientes, no se presenta toda la documentación que debe de acompañar a la contratación, ya sea una contratación, una licitación o una invitación a tres participantes o las asignaciones directas mismas.
“Entonces, fundamentalmente ha sido falta de documentación de muy diversa índole desde los estudios de mercado o quizás documentación particular de alguno de los participantes, y bueno, lo hemos visto, quizás con gravedad, y lo hemos así expresado y manifestado en Segalmex, donde no aplicaron ningún criterio que pudieran ellos presentar y validar sobre estas adquisiciones, quizás hay algunas en las que sí, pero en las observaciones que tenemos es su principal problema”, expuso la auditora especial.
La ASF encontró en los dos primeros años de operación de Segalmex desfalcos por 15 mil millones de pesos y por los cuales la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo 22 órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios y personas físicas ligadas con la pérdida de esos recursos.
Segalmex era dirigida por Ignacio Ovalle, un cercano amigo del presidente López Obrador, y de quien recientemente el mandatario exculpó de este caso al afirmar que fue engañado “por priistas mañosos”.
Sobre las principales irregularidades que se presentan en los procedimientos de contratación de obra pública, el auditor especial del Gasto Federalizado, Emilio Barriga Delgado, agregó que han encontrado, sobre todo a escala municipal, que hay muchas obras pagadas, pero no ejecutadas.
“Eso es fundamentalmente el principal tema de observación; se paga la obra llegan los auditores a revisarla y resulta que esa obra, o no existe, o no está concluida, esa es la principal observación que realizamos en materia de obra pública.
“Eso, nosotros al área de seguimiento se lo informamos, que debe de ir acompañado eventualmente de una denuncia penal porque eso cae en ese supuesto”, indicó Barriga Delgado.
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La reunión de trabajo de los legisladores con el auditor concluyó con reclamos de la diputada María Elena Pérez-Jaén (PAN) por la ausencia física del auditor superior, quien en los últimos encuentros se ha respaldado del reglamento vigente en la Cámara de Diputados que aún permite las reuniones de trabajo a distancia.
CSAS