Para 2023, sólo el 27.2% del Presupuesto de Egresos de la Federación programado para el ejercicio de 2023 se vincula directamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Foto: Archivo Se requiere implementar una reforma fiscal que ayude a la recaudación de mayores ingresos  

Para 2023, sólo el 27.2% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) programado para el ejercicio de 2023 –equivalente a dos billones 259 mil 275.9 millones de pesos– se vincula directamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 que busca erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos.

Así lo revela un estudio realizado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), en el que además señalan que entre 2019 y 2023, el presupuesto público alineado directamente a los ODS disminuyó en 1.1% en términos reales.

La Agenda 2030 es un plan de acción mundial en la que los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), incluido México, en 2015 aprobaron y acordaron cumplir con 17 objetivos centrados en el desarrollo sostenible, una meta que requiere inversiones colectivas, desde los sectores público, privado y sociedad en general.

De acuerdo con el documento titulado ‘Desarrollo sostenible: usos y recursos públicos’, en México, son justamente los recursos públicos la más importante fuente de financiamiento para el cumplimiento de los ODS en el país.

Sin embargo, no existe una metodología de asignación específica para el cumplimiento de los ODS, además de que los recursos que se identifican, no han sido suficientes para avanzar en los indicadores a los que se les da seguimiento.

“Se ha hecho un gran trabajo para vincular el presupuesto con los objetivos de desarrollo sostenible, (pero) aún falta mucho por hacer en cómo empatamos los indicadores que se tienen dentro de cada uno de los objetivos, con los indicadores y metas de los programas presupuestarios”, acotó Sunny Arely Villa Juárez, directora de Operaciones y Fortalecimiento Institucional del CIEP.

Si bien, gran parte del presupuesto está enfocado en los sectores de bienestar, energía, salud y educación, al interior de cada uno de los rubros quedan retos que abatir para que las mejoras se observen en los indicadores de medición.

En bienestar, para 2023 casi una quinta parte del presupuesto está destinado a las pensiones de los adultos mayores, recursos que han ayudado a erradicar la pobreza y el hambre en la población mayor de 65 años. Sin embargo, dicho gasto no está vinculado con el ODS referente a la igualdad entre hombres y mujeres.

“La desigualdad se profundiza porque el sistema de pensiones es desigual: los pensionados de Comisión Federal de Electricidad (CFE) reciben 26 veces más que la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores (PBAM)”, destacan en el documento.

Otro pendiente, es el limitado presupuesto en programas con perspectiva de género y cuidados. Para el presente año, sólo un programa se vincula con la meta de reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado, un elemento clave para avanzar en la igualdad de género.

En el objetivo de energía asequible y no contaminante, “la mala noticia es que dentro del presupuesto sí identificamos una gran asignación para energía, pero lamentablemente esto es para el uso de energía fósiles contaminantes”, indicó Villa Juárez.

El rubro del gasto en inversión pública es insuficiente, apenas el 3.8% del PIB, menor a lo sugerido por Naciones Unidas en materia de desarrollo sostenible.

“El gasto de inversión abona al alcance de todos los objetivos de desarrollo sostenible. Necesitamos una mayor inversión, pero que sea rentable, que sea realizada de manera eficiente, eficaz, desde evitar temas de obras que no se terminan, de evitar inversiones donde no son necesarias o más bien, hacer inversiones donde sean más rentable”, añadió.

Durante la presentación del estudio, Alejandra Macías Sánchez, directora ejecutiva del CIEP, indicó que el incumplimiento de las metas de desarrollo sostenible no tienen sanciones, pero entre los mismos países son acreedores a reputaciones o etiquetas de no cumplimiento a los compromisos internacionales.

“Más allá de eso, el hecho de reducir pobreza, el hecho de generar desarrollo, de reducir las desigualdades, de tener una educación de calidad, de cuidar nuestros recursos naturales, nos debe de importar como país”, destacó.

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Necesaria una reforma fiscal

Para destinar más recursos a los ODS, se requiere implementar una reforma fiscal que ayude a la recaudación de mayores ingresos, ya que los recursos públicos son la principal fuente de financiamiento.

“La política tributaria es importante porque puede corregir algunas desigualdades y desincentivar el consumo de ciertos productos nocivos para la salud y que dañan el medio ambiente. En general, no hay una vinculación directa entre los ODS e impuestos, pero la captación de ingresos abona al desarrollo sostenible por su capacidad recaudatoria, correctiva y coercitiva”, indicó José Luis Clavellina Miller, director de investigación del CIEP.