Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconociera que la Ley 3 de 3 -que impide a personas que hayan sido condenadas por violencia contra la mujer o que sea deudores alimentarios puedan ser aspirante a candidato o funcionario público- es constituciona en Yucatán, la diputada Vida Gómez Herrera (MC), una de las impulsoras de la iniciativa, destacó que deja un precedente respecto al interés superior de la niñez.
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“Es una muy buena noticia respecto a las acciones afirmativas, con la resolución queda un precedente respecto al interés superior de la niñez y se declara que las normas que fueron impugnadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos son válidas, es decir, que es constitucionalmente legítimo para que se refuerce el cumplimiento del pago de alimentos”, expuso.
Dijo que el fallo del máximo tribunal de la nación implica que es mayor el beneficio de garantizar el pago de alimentos de los niños para generar conciencia.
Destacó, además, que se trata de un tema que fue empujado por colectivos, pues desde que se presentó la iniciativa siempre estuvo la sociedad civil acompañando, impulsando e, incluso, informando sibre la misma.
AHORA HAY QUE VIGILAR QUE SE CUMPLA: LOZANO
Por: Efraín Castro 24 Horas Quintana Roo
“Lo que sigue es mantenerse vigilantes de su cumplimiento, especialmente con la llegada del proceso electoral que iniciará en 2024”, expuso.
Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Víctor Hugo Lozano Poveda, celebró también que se validó la norma que impide que violentadores lleguen al poder y que, particularmente, se haya avalado como constitucional la figura del deudor alimentario.
Dijo, en este sentido, que los diputados actuaron de manera correcta y apegados a la Constitución.
“No entendemos todavía la motivación de la CNDH para presentar la acción de inconstitucionalidad, pero esperamos que no haya sido con un tinte o un origen político; definitivamente desde el Congreso de Yucatán siempre sostuvimos la constitucionalidad de la norma y ahora lo confirma la Suprema Corte”, dijo.
Reiteró que la citada ley tiene el objetivo de garantizar a quienes han sufrido violencia familiar, violencia de género o negligencia de la deuda alimentaria, que sus agresores no puedan convertirse en funcionarios públicos o que tengan cargos de elección.
Pugnan activistas permee a Q. Roo
Con el aval de la aplicación de la iniciativa 3 de 3 en territorio yucateco activistas esperan que en Quintana Roo permee el fallo.
Erika Cornelio, presidenta del Instituto de Empoderamiento y Liderazgo Zazil Ha, advierte que es necesario que el Congreso del estado retome esta iniciativa que fue promovida por la Red Feminista Quintanarroenses desde 2020, y que se mantiene congelada.
“Nosotras hemos decidido impulsar esta agenda, se lo comentamos incluso a la secretaria de Gobierno, Cristina Torres, que era importante, fundamental, que la gobernadora se posicionará con respecto al tema, porque el propio Ejecutivo puede presentarla al Congreso”, mencionó la abogada.
CONFÍAN EN RESPALDO GUBERNAMENTAL
Recalcó que con la llegada de la primera gobernadora confían que tome acciones en favor de las mujeres, ya que la iniciativa 3 de 3 impacta a la administración pública, para que quienes tomen decisiones, otorguen servicios y lideren espacios gubernamentales no sean violentadores o no sean deudores alimentarios.
En ese sentido, se buscará el compromiso del Gobierno del estado para que no existan este tipo de conductas al interior de la función pública, para lo cual se requiere establecer en la ley estos candados.
“La Comisión Nacional de Derechos Humanos impugnó justamente la parte que defendía la presunción de inocencia, pero una persona que está en proceso por una acusación no puede estar al frente de la toma de desicones”, mencionó.
Explicó que la resolución de la SCJN coincidía en esta situación, ya que una investigación puede durar años y en ese tiempo el agresor seguir actuando contra la víctima.
LEG