El plan B de reforma electoral que presentó este mediodía el secretario de Gobernación en la Cámara de Diputados, Adán Augusto López, propone reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Al entregar el documento, el funcionario expresó que fue elaborado por un grupo integrado por la Consejera Jurídica de Presidencia y abogados de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Gobernación.
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La iniciativa propone cambios en el ejercicio de los derechos político-electorales, en el Sistema Nacional Electoral y relativos a la justicia electoral.
En cuanto a los derechos políticos-electorales, el documento buscar garantizar el voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva, de personas con discapacidad en estado de postración y se facilita el ejercicio del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, mediante el uso del internet y al permitir el voto con la presentación de pasaporte o matrícula consular.
Además, se “establecen límites a las acciones arbitrarias tanto del INE como del TEPJF respecto de interpretaciones ajenas a la ley que han limitado la libertad de expresión, los derechos político-electorales, la autodeterminación de los partidos políticos, entre otros”.
Se obligará a los legisladores que buscar reelegirse a separarse de su cargo con el fin de evitar el uso de recursos públicos en sus campañas electorales.
Al Instituto Nacional Electoral (INE) se le obligará a liquidar y reintegrar al erario los recursos provenientes de dos fideicomisos constituidos para retener recursos públicos y destinarlos a funcionarios del organismo.
En cuanto al Sistema Nacional Electoral pretende compactar la estructura orgánica del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE´s).
Los Órganos Distritales pasarán de carácter permanente a temporal y reduce su número de 300 a aproximadamente 260 durante periodo no electoral.
Se elimina la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional, se suprime la franquicia telegráfica de los partidos políticos y se unifica el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) con el cómputo de la elección, que empezará el domingo mismo de la jornada electoral y se transmitirá en tiempo real.
Obligará también a que ningún funcionario del INE y el TEPJF tenga un salario superior al del presidente de la República.
También se modificaría el calendario del proceso electoral para compactar procesos y racionalizar los recursos disponibles.
Respeto a la justicia electoral el dictamen pretende crear el Procedimiento Único de Queja en Materia Electoral con el cual se resolverán los asuntos relacionados con la fiscalización y la remoción de consejerías de los OPLE’s, y se deja íntegramente el procedimiento especial sancionador.
Se consolida y garantiza el juicio en línea, así como la publicación de autos del TEPJF en estrados en línea.
Se eliminan dos Salas Regionales que no entraron en funciones y la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral cuyas atribuciones serán absorbidas por la Sección Resultora de la Sala Superior del TEPJF.
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Las sanciones administrativas o jurisdiccionales en materia electoral serán aplicables bajo el principio de estricto derecho y se establecerá que las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales no podrán condicionar el ejercicio de los derechos o prerrogativas político-electorales al solicitar requisitos adicionales a los que expresamente determinan la Constitución y la ley.
RM