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Foto: AFP / Venezolanos acampan frente al puesto de operaciones de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos al otro lado del río Bravo  

La Corte Suprema de Estados Unidos se mostraron escépticos ante los argumentos de la administración del presidente Joe Biden para aplicar las directrices, impugnadas por dos estados republicanos: Texas y Louisiana, que orientan la aplicación de la ley de inmigración hacia las amenazas a la seguridad pública.

La Corte Suprema se negó en julio a suspender el fallo del juez de distrito Drew Tipton. Algunos de los jueces conservadores que forman parte de la mayoría en esa decisión señalaron que es probable que volvieran a fallar en contra del Gobierno. “Nuestro trabajo es decir cuál es la ley, no si es posible aplicarla o si hay dificultades”, dijo el presidente conservador de la Corte Suprema, John Roberts.

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La procuradora general Elizabeth Prelogar, que defiende al Gobierno de EU, señaló que una lectura tan estricta de la ley podría ser “increíblemente desestabilizadora” porque el DHS no puede, con sus limitados recursos, detener y buscar la expulsión de los aproximadamente 11 millones de inmigrantes que viven de manera ilegal en el país.

Texas y Luisiana

Los fiscales generales republicanos de Texas y Luisiana demandaron para bloquear estas directrices. Su demanda argumenta que son contrarias a las disposiciones de las leyes de inmigración que obligan a detener a los ciudadanos no estadounidenses que han sido condenados por determinados delitos o tienen órdenes de expulsión definitiva.

El juez de distrito estadounidense Drew Tipton, nombrado por Trump, falló a favor de los impugnadores, al considerar que si bien los agentes de inmigración podían, caso por caso, actuar con discreción, las directrices de la administración eran una política generalizada que contravenía el mandato de detención establecido por el Congreso.

Se espera una decisión para finales de junio, mientras tanto, el próximo 21 de diciembre se acaba el plazo que dio el juez federal Emmet Sullivan, quien bloqueó el pasado 15 de noviembre el Título 42, norma que permite la expulsión de migrantes indocumentados con pretexto de la pandemia.

Política de Biden

El actual presidente se apartó del enfoque de línea dura de Donald Trump, con un enfoque más humano de la inmigración, pero se enfrentó a un gran número de migrantes que cruzan la frontera.

Las directrices, anunciadas por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en septiembre de 2021, daban prioridad a la detención y deportación de los ciudadanos no estadounidenses que representan una amenaza para la seguridad nacional.

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