Luego de una intensa negociación política y en medio de amenazas de una moratoria constitucional se logró la mayoría calificada en el Congreso para extender la presencia constitucional de las Fuerzas Armadas en seguridad pública hasta 2028.
Se trata de una de las dos grandes reformas constitucionales que tienen que ver con la reconfiguración de la estructura de seguridad pública de la República en función de la seguridad interior; hace falta la aprobación para que la Guardia Nacional quede adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional como una nueva arma para dar integralidad a la estructura de seguridad pública.
La Guardia Nacional necesita nueve años de apoyo militar para constituirse en un cuerpo consolidado, pero en el entendido de que necesitaría aún más tiempo de apoyo castrense porque no es fácil crear y consolidar un nuevo cuerpo de seguridad para la República.
Las Fuerzas Armadas en seguridad, de acuerdo con el decreto, tendrán cinco acotamientos que atienden las preocupaciones en materia de violencia institucional y derechos humanos: extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
Lo único que falta para terminar de construir el marco jurídico de la seguridad pública es una ley de seguridad interior que justifique la fracción VI del 89 constitucional que define el campo de la seguridad interior como facultad presidencial, pero que carece de ley reglamentaria porque la aprobada en 2017 fue echada abajo en 2018 por la Suprema Corte.
La seguridad interior es la condición que proporciona el Estado para garantizar la tranquilidad en la República y proteger las inversiones productivas, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática.
Zona Zero
- La salida del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia ya está teniendo los primeros raspones. El expresidente de la Corte, Genaro Góngora Pimentel, como presidente del Consejo Académico de MexicoJusto.org le envió una carta a Zaldívar para criticarle su falta de energía para cuidar la función de la SCJN y señaló con contundencia que “es evidente que el país no se encuentra viviendo un Estado de derecho” y que el actual presidente de la Corte nunca quiso confrontar al presidente de la República por sus críticas contra el Poder Judicial.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh