Las últimas masacres han ocurrido en cantinas o restaurantes del interior de la República, son un indicio de que la fase de inseguridad ha pasado al rubro del fuero común y por lo tanto a la responsabilidad de las policías locales.
Razones vinculadas al tráfico y consumo de drogas al menudeo y enfrentamiento entre pandillas han derivado en tiroteos dentro de lugares públicos con saldos de más de diez personas fallecidas, cuya responsabilidad de atención corresponde a las autoridades estatales y municipales, aunque las cifras se consolidan en el cajón nacional de los homicidios dolosos.
La autoridad federal se ha olvidado de su responsabilidad de contribuir a la depuración y capacitación de las policías locales, pero se trata de un asunto de crisis presupuestal; el dinero, inclusive, no alcanza para financiar las labores de la Guardia Nacional y el Gobierno federal está buscando vender activos para destinarlos al nuevo cuerpo de seguridad.
En la discusión del presupuesto para 2023, la oposición ha señalado la urgencia de encontrar partidas presupuestales especiales que vayan dirigidas a los cuerpos estatales y municipales de seguridad, pero es la hora de que todos los compromisos de inversiones se han detenido.
Lo malo de este esquema negativo de seguridad radica en el hecho de que gobernadores y alcaldes, de manera cómoda, se han sentado a esperar que les entreguen dinero para las policías locales, aunque sin la garantía de que los recursos vayan a esos rubros y muchos de ellos se pierden en otras áreas de la burocracia local.
Como es obvio que no habrá dinero federal a las policías locales, entonces los gobernadores y alcaldes deben tomar la decisión de reorganizar sus presupuestos para liberar recursos que capaciten a sus cuerpos de seguridad. O seguir padeciendo matanzas.
Zona Zero
• Los feminicidios ocurridos recientemente en Monterrey, Guadalajara y Cuernavaca han revelado el fracaso del modelo de los fiscales estatales que han derivado en fiscales carnales porque favorecen al gobernador en turno o anteriores: pero, con estos tres casos se tipifica la urgencia de reformular el funcionamiento de las fiscalías en los estados para evitar que la impunidad siga prevaleciendo en casos de alta visibilidad femenina.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh