Los recientes casos de violencia feminicida demuestran la urgente necesidad de replantear los mecanismos institucionales para garantizar la integridad y protección efectiva de la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres, consideró la secretaria general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Adriana Díaz Contreras.
Señaló que casos como el de Martha Torres Lomelí, mujer trans; María Carmela Vázquez, madre buscadora; Ariadna Fernanda López, joven cuyo cuerpo apareció en la carretera; Lidia Gabriela Gómez, quien murió al saltar de un taxi; así como la niña morelense golpeada por su progenitor con la tolerancia de su madre, evidencian que siguen prevaleciendo serios obstáculos para su pleno ejercicio al derecho de una vida libre de violencia.
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Díaz Contreras alertó que estos lamentables casos pudieron conocerse por el trabajo de los medios de comunicación, “pero desafortunadamente existen miles de casos sin recibir ningún tipo de atención y terminan destruyendo la vida de niñas, adolescentes y mujeres”.
Refirió que de acuerdo con cifras oficiales, en nuestro país al menos 7 de cada 10 mujeres han sufrido de violencia alguna vez en su vida, 44% de las mujeres han sufrido violencia por parte de su actual o última pareja; asimismo, 10 mujeres son asesinadas cada día.
En tanto, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la Red por los Derechos de la Infancia en México señala que, de enero del 2019 a septiembre del 2022, se han tenido 6.7 homicidios de niñas, niños y adolescentes por día; de enero a septiembre del 2022, 12 feminicidios por arma de fuego hacia niñas y adolescentes.
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Ante esta situación, “el gobierno y las instituciones responsables de dar justicia no han podido hacer nada en el 99% de las acciones violentas contra las mujeres, lo que permite que los agresores sigan violentando la vida de la mujer”, alertó.
Para la líder perredista, desde que inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las agresiones físicas y los feminicidios no han dejado de aumentar, pero lo que existe es más violencia institucional, ya que no se otorga el suficiente presupuesto público para fortalecer la autonomía de las Fiscalías, contar con mejores protocolos y ejercer con profesionalización sus funciones para garantizar el acceso efectivo de la justicia y prevención de delitos.
De esa manera, exigió a las autoridades no dejar impune los recientes casos de feminicidios e hizo un llamado para que ninguna mujer se paralice ni se quede callada por la violencia.