El presidente de la República tiene un buen escenario mediático para estar logrando la victoria política en el debate sobre la participación militar en actividades de seguridad y en otras que se justificarían con la Ley Orgánica, pero estaría perdiendo la batalla conceptual y de narrativa por la consolidación del enfoque crítico contra esa participación militar por la popularización del concepto de militarización.

La argumentación presidencial tiene las suficientes evidencias para razonar el tema de seguridad en el contexto de las nuevas doctrinas de defensa en tiempos de paz y en el papel de las fuerzas militares en guerras no precisamente convencionales, pero con todas las características de una confrontación de proyectos soberanos y de Gobierno.

En este escenario, el Presidente de la República podría estar ganando el debate al centralizar las argumentaciones como la única voz gubernamental, en tanto que la dispersión de los críticos se pierde en enfoques parciales que se sale del punto central del debate: las nuevas doctrinas de Defensa Nacional basadas en el paradigma de la seguridad interior van más allá de las preocupaciones disidentes por actividades militares más allá de las guerras convencionales estarían exigiendolo un marco jurídico más audaz y más cercano a la confrontación no bélica de las grandes potencias para subordinar a las medianas y pequeñas.

El Presidente de la República ha tomado el camino fácil de la confrontación directa y no se notan iniciativas para racionalizar las nuevas doctrinas de seguridad interior que justificarían mayor intervención militar en áreas administrativas vinculadas con la seguridad nacional y con la resistencia y combate a los grupos criminales que están invadiendo esferas del Gobierno.

Lo que está en el fondo es la urgencia que tiene el Gobierno para redefinir su política de Defensa Nacional en el escenario de la seguridad interior.

Zona Zero

· La parte más importante sobre el debate respecto a las nuevas funciones militares en seguridad no debe atenderse en el territorio mediático, sino en el jurídico porque se estarían metiendo presiones extraordinarias a los ministros de la Corte para defender la posición gubernamental que debía de estar mejor sustentada en tribunales intermedios. Las dos reformas militares aprobadas en el legislativo -la de extensión a 2028 y la de la Guardia en la Sedena- podrían tener sorpresas desagradables si llegaran a la Corte.

 

 

(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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