Este miércoles en el Senado de la República se discutió la ampliación del plazo constitucional para que el Ejército y la Marina sigan apoyando en labores de seguridad pública, el cual concluye en 2024 y, de aprobarse la propuesta, se extendería hasta 2028. No obstante, la decisión que se tomó en el Pleno fue regresar el dictamen a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Segunda, a fin de ampliar el debate previo a su votación.

Lamentablemente, como ocurrió con otras iniciativas, la politización y polarización, azuzadas por la mediatización, lograron que la opinión pública cayera en un falso debate, que se ha simplificado al punto de limitarse a elegir entre militarización sí o militarización no; sin embargo, lo que en realidad está en juego es la certidumbre jurídica de las Fuerzas Armadas que operan fuera de sus cuarteles, sin posibilidad real de regresar a ellos por el grado de violencia entre cárteles y contra la población civil.

En la era neoliberal, quienes fuimos parte de la oposición rechazamos el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública por distintos motivos de fondo, entre ellos, que no existía una estrategia de seguridad coherente que nos permitiera vislumbrar la reducción de la violencia, sino todo lo contrario, ya que padecimos una simulada guerra contra el narcotráfico que cobró numerosas vidas humanas, al tiempo que se seguían desmantelando derechos de la población, que precarizaban cada vez más la vida de las mayorías.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que cambió su opinión de regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles, dada la complicada situación que vivimos, e incluso afirmó que este rubro es un pendiente de su administración y será un termómetro de la consolidación de la Cuarta Transformación, que exige continuidad.

Pacificar al país es una labor titánica. No es posible augurar una fecha exacta para retirar a las Fuerzas Armadas de la seguridad pública, pero el debate debe incidir en las condiciones que se necesitan para ello. Los gobiernos locales tienen que profesionalizar a sus policías y garantizar su confiabilidad con estrictos mecanismos; también es preciso frenar el tráfico de armas a nuestro país, pero, sobre todo, abatir la pobreza y la desigualdad, que siguen siendo la principal motivación de la base social del crimen organizado.

No le asiste la razón a quienes piensan que hay contradicción en la postura del Presidente o de quienes apoyamos la aprobación de la mencionada iniciativa. En 2019, por unanimidad, el Senado avaló la creación de la Guardia Nacional y un artículo quinto transitorio que otorgaba a las Fuerzas Armadas un plazo de cinco años para volver a los cuarteles, lo cual resultará insuficiente.

La población confía en el Ejército y la Marina, y asimismo, en el Presidente, quien entre sus compromisos estableció que jamás daría la orden a estas instituciones para atacar al pueblo, como sucedió tantas veces en nuestra historia, como durante los años de la Guerra Sucia, el conflicto armado contra el movimiento Zapatista en Chiapas y la masacre de Tlatelolco.

En tal sentido, todas las fuerzas políticas debemos profundizar el debate y, de manera responsable, ofrecer certidumbre a la actuación del Ejército y la Marina, y no regateársela con argucias y falsas contradicciones.

 

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