La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) no tiene pactos con la delincuencia ni con grupos de ningún tipo, aseveró su titular, Rosa Icela Rodríguez.

Al participar en la plenaria del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la funcionaria enfatizó que al Gobierno federal no le mueve el lucro o el interés personal.

“Nuestro compromiso es con la ciudadanía (…) Nosotros jamás nos vincularemos con el crimen, ni venderemos nuestro honor. Nuestra lealtad es con el pueblo de México”, aseveró Rodríguez en su intervención.

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Aclaró que no están ajenos a la problemática de las comunidades, pero pidió a los legisladores del Verde que tengan la certeza de que no son iguales a quienes les antecedieron en el cargo.

“Y al igual que ustedes lo hacen, trabajamos para mejorar sus condiciones de vida, porque todos somos mexicanos y mexicanas, compartimos el mismo territorio nacional”, expuso la funcionaria.

Ante los legisladores presentó un balance de las acciones de la SSPC y una lista de 12 propuestas legislativas para mejorar la seguridad en el país, que fue la misma que llevó a los legisladores de Morena.

De ellas, reconoció que algunas generarán polémica, “pero las queremos poner en la mesa”, como la que facultaría al Ejecutivo federal y a los gobernadores a que, a través de un Comité integrado por autoridades penitenciarias, el Poder Judicial, las fiscalías y la Defensoría Pública, puedan determinar la procedencia y otorgamiento del beneficio de libertad anticipada de personas con condenas breves o en estado de vulnerabilidad o por delitos no graves.

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“Para ello son necesarios cambios al artículo 21 de la Constitución, así como al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley de Ejecución Penal, relativo a los Beneficios de Preliberacionales y Sanciones no Privativas de la Libertad.

“Lo dejamos en la mesa para su consideración y debate, y que ustedes tomen la decisión de cómo vean, que no solamente sean los jueces los que tomen esas decisiones, sino también que sean el ejecutivo federal y los estatales, los que puedan definir y decidir porque a veces tardan mucho las decisiones sobre este tipo de ejecución de estas penas”, mencionó Rodríguez.