La fracción de Morena en la Cámara de Diputados tiene un plan B para obligar de facto una reforma electoral ante el escenario de que la oposición rechace la propuesta presidencial.

Uno de los puntos más importantes que plantea la iniciativa de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, es la reducción del número de consejeros, de 11 a 7.

En abril del próximo año, terminarán su periodo como consejeros Lorenzo Córdova, Adriana Margarita Favela, José Roberto Ruiz y Ciro Murayama, por lo que la Cámara de Diputados deberá expedir la convocatoria para la elección de sus relevos.

El plan B de Morena contempla no publicar esta convocatoria, mandarla a la congeladora por tiempo indefinido para que el Consejo General del INE se quede con los 7 integrantes propuestos.

En el caso de la reducción del financiamiento a los partidos políticos y a los gastos de operación del INE, el plan alternativo contempla una reducción presupuestal cuyo porcentaje aún no se define, pero que obligaría al Instituto a reasignar los recursos con los que cuente para el año entrante.

Los diputados no pueden decidir cómo debe aplicar el INE esos recursos, solo se limitan a fijar un monto en el presupuesto de egresos y será el propio Instituto quien decida en dónde y cómo se aplicaría el recorte.

El presupuesto de los partidos políticos podrá afectarse, desde luego, lo que perjudicaría a la oposición, pero por mandato de ley los recursos partidistas se asignan de acuerdo con una fórmula que no puede ser cambiada por una decisión administrativa.

Se requerirá de una reforma legislativa, pero como eso no está proyectado para ocurrir en los próximos meses, Morena se la jugará a pesar de que una eventual reducción de los recursos a partidos pueda ser impugnada ante el Tribunal Electoral.

Pero de que habrá reforma electoral, la habrá.

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El senador José Narro, presentó dos denuncias “en contra de quien resulte responsable’’ por la filtración de documentos oficiales de la investigación en torno a la desaparición de dos marinos.

Las denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

El legislador aseguró que sus declaraciones sobre el caso fueron filtradas, tergiversadas y usadas en su contra como parte de una campaña para evitar que llegue a la presidencia de la mesa directiva del Senado.

Narro sostiene que no solicitó los servicios de protección de los marinos desaparecidos desde el 6 de marzo pasado; que los vio de lejos, que la camioneta en la que se transportaban no era de su propiedad y que acudirá ante las autoridades cuantas veces lo requieran.

El zacatecano también presentó dos mociones de derecho de réplica para aclarar lo que a su juicio son “medias verdades’’ sobre este tema.

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Por cierto, Narro sigue en la competencia por la presidencia del Senado, a la que también se sumó, de última hora, el ex“súper delegado’’ Gabriel García.

La bancada está dividida por la mitad; los radicales, que apoyan a Narro, y el resto que apoya a Alejandro Armenta, cercano a Ricardo Monreal.

Aunque la elección del presidente del Senado se hará mediante una votación directa el último día de este mes, García, quien ayer se reunió con Monreal, propuso que la elección fuera por medio de una tómbola -es en serio-, a lo que Narro no está dispuesto a aceptar.

García puede jalar 6 o 7 votos y marcar la diferencia en favor de cualquiera de los dos candidatos fuertes.

LEG