El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, confirmó que no hay indicios de que los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, durante la madrugada del 26 de septiembre, estén con vida.
TE PUEDE INTERESAR: Crimen de Estado, desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa
“No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, expresó al dar a conocer los avances en la investigación sobre el caso Ayotzinapa, y luego de reunirse con sus padres.
Ante las declaraciones, los padres de los normalistas señalaron que no fijarán una postura al respecto hasta que terminen la valoración del informe y cuenten con la opinión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En un comunicado que difundió el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, también agradecieron la solidaridad que el país les ha brindado.
SOLDADO INFILTRADO
Durante la presentación del informe, Encinas puntualizó que Julio César López Patolzin, soldado del Ejército, era informante de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dentro de la Normal y reportaba lo que sucedía en las asambleas y las movilizaciones en el marco de la marcha del 2 de octubre.
TE PUEDE INTERESAR: Julio César López Patolzin, el infiltrado de la Sedena entre los 43 normalistas de Ayotzinapa
“El soldado estaba bajo el mando del teniente de infantería, Marcos Macía Barbosa del 27 batallón, su último reporte fue al filo de las 10 de la mañana de este día (26 de septiembre) y desapareció junto con los otros estudiantes, sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda como lo establece el protocolo para militares desaparecidos”, detalló.
En ese sentido, aseguró el subsecretario, de haber seguido los protocolos, se hubiera podido lograr la localización de López Patolzin y de todos los estudiantes.
“Por eso todas las autoridades estatales y municipales estuvieron informados de la toma de camiones, del traslado de los estudiantes a Iguala, de su llegada al rancho del cura y en la caseta de Iguala, su llegada a la central de autobuses, de los hechos de persecución y de violencia del que fueron objeto”.
Reprochó las omisiones de las secretarías de la Defensa y la Marina y advirtió que, aunque no se acreditó una acción de carácter institucional, sí hay responsabilidad claras de los elementos al momento de los hechos. Sin embargo, no aclaró si los agentes continúan activos.
CONCLUSIONES
Encinas reiteró que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso concluyó que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue un “crimen de Estado”, en el que estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles.
El 29 de marzo pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que miembros de la Marina eran investigados por supuestamente haber manipulado pruebas durante las primeras pesquisas, específicamente en un basurero donde fueron encontrados restos humanos, incluidos los de los tres únicos alumnos identificados hasta ahora.
Asimismo, el subsecretario indicó que se espera un acuerdo de colaboración con Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (ACI), pues han mantenido comunicación con sus abogados para no esperar al proceso de extradición.
La noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de entre 17 y 25 años, desaparecieron en Iguala, Guerrero. Según la versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada “verdad histórica” que ha sido refutada, policías locales detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.
LEG