La diputada federal María Elena Pérez-Jaén (PAN) presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción para que investigue la adquisición y pago de ventiladores y mascarillas que suman 960.4 millones de pesos.
La legisladora explicó, momentos antes de acudir a la Fiscalía General de la República, que las irregularidades fueron encontradas durante el análisis de la Cuenta Pública 2020 y evidenciados por la Auditoría Superior de la Federación.
“De corroborarse los hechos estaríamos frente a un crimen monumental; donde autoridades se aprovecharon de la necesidad de millones de mexicanos, ignorando las consecuencias de enorme magnitud que tendrían en la vida y la salud de la gente; hay quienes, incluso, por esta situación, pudieron haber perdido la vida”, expresó la panista.
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Además, en la denuncia que presentó solicitó como medida cautelar la suspensión temporal en el ejercicio del cargo del director del Instituto de Salud del Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer Aguilar y de los altos mandos de dicha institución.
Pérez-Jaén explicó que en el dictamen de la auditoría realizada al Insabi se especifica que de mil ventiladores adquiridos con la empresa Viva Enterprises Limited, 650 de ellos, que suman un costo de 920.4 millones de pesos, no fueron entregados y debieron suministrarse antes del 30 de abril de 2020.
En el informe de la Auditoría Superior de la Federación el Insabi no proporcionó evidencia de su entrega y “lo peor es que era en ese momento cuando niñas, niños, mujeres y hombres de este país más necesitaban los ventiladores, por el alza de casos graves de Covid-19”.
Respecto de la adquisición de mascarillas KN95, catalogadas como insumos de protección personal, a otro proveedor extranjero, denominado China Meheco, tampoco se acreditó la entrega al Insabi de un millón cincuenta mil de estas mascarillas con un costo de 40.5 millones de pesos.
La legisladora del PAN destacó que a la fecha de realización de la auditoría, es decir, en diciembre de 2021, la ASF no contó con evidencia de la recepción de un millón cincuenta mil mascarillas KN95 por el monto mencionado.
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“Es decir, el Insabi no proporcionó los justificantes de la recepción de esos insumos y, por si fuera poco, tampoco proporcionó evidencia de haber iniciado las acciones legales durante el periodo del atraso, así como de los insumos faltantes.
“Con lo cual se hace evidente la irresponsabilidad en el manejo de los procesos de adquisición, y la negligencia para hacer cumplir sus obligaciones a los proveedores, en este caso, a la empresa china”, señaló Pérez-Jaén.
Destacó que la denuncia la presentó porque, a pesar de las irregularidades detectadas en la fiscalización de la cuenta pública 2020, la ASF no ha hecho hasta el momento ninguna denuncia por estos hechos.
LEO