La enorme popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, que mantiene con carisma y esa única habilidad política que tiene para hablarle a su clientela, es un enorme halo que lo protege del cobro social de todas las facturas que va dejando su administración.
No hay medición en la que López Obrador salga reprobado, pero tampoco hay encuesta en la que los ciudadanos aprueben el manejo de la economía y la seguridad de este régimen. Pero hay una clara división entre la molestia ciudadana y a quien le cobran todo eso que va tan mal en el país.
Hay costos que son tangibles y otros que habrán de tardar en quedar en evidencia, pero todos están ahí y quedarán como una herencia.
Es más que obvio que la falta de una estrategia de seguridad y Estado de Derecho, con todo y esa permisividad que ha tenido la 4T con los grupos delincuenciales, tenía que escalar hasta estos niveles de desafío al Estado. Llegó el día en que el crimen organizado impone toques de queda a los propios ciudadanos.
Los abrazos del Gobierno al crimen son correspondidos con una ola de violencia que no habíamos visto antes y que se justifica desde la tribuna mañanera como una exageración de los conservadores.
Hay otros costos que tarde o temprano habrán de pagarse en este país y que hoy no se reclaman. El desvío de recursos presupuestales para los programas asistencialistas del Presidente y sus cada vez más caras obras faraónicas han dejado huella en aquellos rubros a los que se les han quitado los recursos.
El sistema de salud pública está desmantelado, no hay atención médica, no hay medicinas. El mantenimiento de la infraestructura carretera se ha abandonado, intente usar una autopista de Capufe y vea el lamentable estado de la vía.
Puertos, aeropuertos, caminos, calles, todo se hace viejo y queda sin atención.
Lo mismo ocurre con los recursos para la ciencia y la educación. El manto protector presidencial alcanza para que las personas responsables de esos rubros presuman los desvíos o los subejercicios y no pase nada. Es más, obtienen como recompensa candidaturas.
Y ni hablar de otros a los que les ponemos menos atención, como la drástica caída en la calidad de la educación pública.
Todos esos son costos asociados a una forma de gobernar en la que no hay rendición de cuentas y que incluye un deterioro institucional desde una posición autocrática que destruye las autonomías y somete a otros poderes.
Hay otro costo para México del que todavía no tenemos ni idea cuál será la factura. Este país nunca ha tenido un ejército como responsable de la seguridad pública civil. Hoy las fuerzas armadas son un agente económico constructor y empresario, que además gozará de autonomía presupuestal con la administración de todos los negocios que le ha cedido López Obrador.
Todos estos son costos para el país que serán una herencia transexenal y que habrá de enfrentar alguien más, elegido o no por el propio Presidente, y que habrá de hacerlo sin ese halo carismático que tiene ese personaje único e irrepetible que es el presidente López Obrador.
@campossuarez