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Foto: cuartoscuro / Alejandro Moreno enfrenta múltiples acusaciones  

Los diputados federales de Morena integrantes de la Comisión de Gobernación y Población, presidida por el diputado Alejandro Moreno Cárdenas (PRI), anunciaron que no acudirán hoy a la convocatoria para sesionar en la comisión y no lo harán hasta que el priista sea removido de esa posición.

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A través de un comunicado, sostuvieron que no es falta de voluntad para trabajar, sino la imposibilidad de hacerlo con un presidente de Comisión que carece de legitimidad y quien está siendo perseguido por diversos delitos.

Es por esto, aclararon, la insistencia de varios de ellos en entregar oficios a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en los que solicitan la remoción del cargo a Moreno Cárdenas como requisito para continuar con los trabajos de la Comisión.

“Si bien los ciudadanos exigen resultados, también demandan justicia, transparencia y cerrar la puerta a la corrupción. Por lo que la inasistencia de este grupo parlamentario, a las convocatorias del presidente de la misma, obedece a una cuestión de principios”, aseguraron los morenistas.

Enfatizaron que el priista, además dirigente nacional del tricolor, carece de legitimidad para ejercer ese puesto, debido a las múltiples acusaciones a las que se enfrenta por los audios que revelan su involucramiento en diversas conductas criminales durante su gestión como gobernador del estado de Campeche y como líder de su partido.

Entre estas enumeraron el derroche en gasto de comunicación social durante su gestión como gobernador de Campeche, así como las irregularidades identificadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por un monto total de cuatro mil 336 millones de pesos.

También mencionaron los audios revelados por la actual mandataria de Campeche, Layda Sansores, en la que supuestamente se revelan conversaciones que exponen supuestos delitos electorales, así como violencia de género cometida por el dirigente del partido tricolor, aunado a ello se señalan las carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía del Estado de Campeche y la Fiscalía General de la República (FGR).

 

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