Nada más porque el presidente Andrés Manuel López Obrador lo dice, pero en ningún lado aparece el decreto por el que se determinó que la construcción del Tren Maya era un asunto de “seguridad nacional’’.
El argumento fue suficiente para que las obras del tramo cinco del tren, suspendidas por un amparo, fueran reiniciadas con el riesgo de caer en un desacato a un mandamiento judicial.
Quizá por eso no aparece el documento firmado por el Presidente; la decisión de declarar asunto de seguridad nacional la construcción del tren fue tomada, según informó Javier May, responsable de la obra, por el Consejo de Seguridad Nacional.
Así, en genérico, sin que exista una declaración formal, las obras en el tramo impugnado siguen.
El 14 de diciembre pasado, la Suprema Corte había resuelto declarar inconstitucional una parte del decretazo presidencial del 22 de noviembre de ese año, mediante el cual se reservaba la información de todas las obras de infraestructura y se les exentaba de la presentación de los permisos y licencias, hasta por un plazo de 12 meses.
Lo que la Corte invalidó, por un reclamo del Inai, fue la decisión de reservarse la información de dichas obras, pero se dejó para después el análisis de la exención de los permisos y licencias para la construcción.
En ese escenario estamos; hay una especie de limbo legal, en el que la figura de “seguridad nacional’’ puede ser invocada para cualquier cosa.
¿Cómo puede el Tren Maya ser un asunto de seguridad nacional? ¿Cuál es la explicación oficial que defienda el argumento?
Quizá el hecho de que el Presidente no haya firmado un decreto que permita saltarse el amparo fue una medida de precaución, ante la eventualidad de que la Corte pudiera declarar un desacato a un mandato judicial.
La responsabilidad recaería en May, o en todo caso, en el Consejo de Seguridad Nacional, pero quizá eso tardaría meses o años.
Y aunque el tema parece muy local, no lo es.
Porque lo que debe importar a los mexicanos es precisamente que el Gobierno respete la ley, la que sea, y no se invente salidas a conveniencia porque eso sí afecta a todo el país.
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Hablando de jueces y amparos, el Juez Primero de Distrito del estado de Nuevo León concedió una suspensión de oficio y plano al dirigente del PRI, Alejandro Moreno, para que no se difundan más audios de conversaciones privadas.
El amparo, con número 716/2022-IV fue anunciado al mediodía de ayer y, sin embargo, por la noche fue dado a conocer otro audio del dirigente tricolor.
El origen de la grabación parece ser la misma, por lo que habrá que preguntarse sí, en este caso, la gobernadora Layda Sansores cometió un desacato a una orden judicial.
Hasta el cierre de este espacio no se conocía una reacción de la gobernadora, pero seguramente sí la habrá conociendo el interés personal que tiene en este asunto.
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Por cierto, un grupo de exdirigentes de la priista Confederación Nacional Campesina (CNC) de diversos estados del país, se reunieron la semana pasada para solicitar al actual líder, Ismael Hernández Deras, la convocatoria para la elección del nuevo dirigente.
Que se cumplan los estatutos pues, porque los exdirigentes campesinos consideran que el campo vive unos de sus peores momentos sin que la CNC defiende a los campesinos ni sus intereses, a la par de que no ha exigido al Gobierno que cumpla sus compromisos.
Los líderes campesinos aseguran que, además de la sequía y la falta de fertilizantes, deben enfrentar a la delincuencia organizada y las extorsiones, que afectan su seguridad y patrimonio.
A ver.
LEG