El fin de semana, el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en la Ciudad de México, emitió un amparo a favor de la organización Educación con Rumbo que impugnó el programa de la Secretaría de Educación Pública de desaparecer los grados escolares y las evaluaciones personales.
La “ocurrencia’’ de la SEP, a cargo de Delfina Gómez, proponía eliminar los grados escolares en primaria y secundaria y sustituirlos por “fases educativas’’ y suprimir las evaluaciones individuales de alumnos.
Este plan, según la SEP, tenía el objetivo de priorizar la planeación, evaluar la gestión de los docentes para ajustar los programas de acuerdo al avance de los estudiantes.
El juez del caso, juzgó que se debía garantizar el derecho humano a la educación y el interés superior de los menores, lo que no podría realizarse sin los criterios que permiten el avance de grado y las evaluaciones personales.
Es decir, no habría una educación de calidad con los criterios que pretendía aplicar la SEP en el próximo ciclo escolar.
Al margen del impacto administrativo de la resolución del juez, que tiene una alta relevancia, sin duda, también está el efecto político.
Gómez, que no se ha destacado por su labor en la SEP, apostaba a esta “socialización’’, en el mejor sentido de la palabra, de la educación pública como una carta de presentación no solo ante los votantes en el estado de México sino ante presidente López Obrador, quien es el gran dedo elector en Morena.
No solo no lo consiguió, sino que le dio argumentos a sus rivales internos para señalarla como una persona poco confiable o capaz de resolver asuntos que son de interés de Palacio Nacional.
Una vez que pase la efervescencia mediática provocada por la captura de Rafael Caro Quintero, cobrará mayor importancia la resolución del juez que deja sin efecto el intento de experimento mediante el cual la SEP de Delfina Gómez pretendía una “igualdad’’ ficticia entre estudiantes.
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Se podrían escribir cientos de libros sobre las miles y miles de teorías acerca de la captura de Caro Quintero y la caída o derribo del helicóptero que transportaba a un grupo élite de la Marina que participó en la operación.
Varias preguntas no han sido respondidas:
¿Realmente la Marina iba por el capo o su detención fue una afortunada coincidencia?
¿Por qué, siendo el personaje que es y a quién se le atribuyen decenas de actos violentos a partir de su salida de prisión, no tenía guardaespaldas al momento de su detención?
La narrativa oficial es que fue encontrado por un perro de la Marina, escondido entre matorrales.
¿De verdad no hubo uno, ni uno solo de sus supuestos cientos de sicarios, que saliera a defenderlo? ¿Por qué se encontraba solo? ¿Sus cómplices sabían que lo iban a detener?
Y la caída del helicóptero en donde murieron 14 elementos del grupo élite de la Marina, tampoco queda claro cómo es que sucedió.
Ni se explica la prisa de la propia Marina de descartar un derribo, como si eso manchara el éxito de la operación para detener a Caro Quintero.
Muchas cosas por explicar, nomás para terminar con el sospechosismo.
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Con los contagios de Covid a todo lo que da, el Gobierno de la capital consideró que no era necesario cancelar un concierto en el Zócalo, en el cual, según los organizadores, se congregaron 160,000 personas sin ningún tipo de medida preventiva.
Al diablo la sana distancia, los cubrebocas y la salud.
Total, el virus nomás “taranta’’ pero no mata…hasta ahora.
LEG