La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló el recorte de 4,913 millones de pesos que aplicó la Cámara de Diputados al presupuesto del INE para este 2022.

Los cinco magistrados de la Sala consideraron que el recorte fue inconstitucional porque no hubo, para su justificación, “evaluación real, objetiva, razonable y explícita’’.

Si esto no es la confirmación de la estrategia de Morena para ahorcar al INE, no sabemos qué otros datos se deben presentar.

El caso es que la Corte determinó que la Cámara deberá sesionar para ajustar el presupuesto del INE.

En el caso de no hacerlo -que es su facultad-, tendría que presentar un argumento reforzado del por qué no se decidió hacer el recorte y por qué precisamente esa cantidad.

Para ello se tendría que citar a un periodo extraordinario o de plano esperar el inicio del próximo, que comienza el primer día de septiembre.

Este fallo le garantiza al INE que en la discusión de sus próximos presupuestos por lo menos los diputados justifiquen razonablemente otro eventual recorte.

Porque el que hicieron para este ejercicio fiscal fue parte de una estrategia para responsabilizar al Instituto de todos los males electorales, comenzando por la fallida consulta de revocación de mandato, que no pudo realizarse conforme a la planeada debido al recorte presupuestal.

El recorte también sirvió para azuzar a cierta parte de la ciudadanía en contra de los consejeros electorales por el sueldo que perciben.

La campaña se fundamentó en la pregunta ¿por qué no se bajan el salario para hacer la consulta?, cuando el salario de todos los consejeros electorales no sumaba ni 1% del total del presupuesto anual.

Los diputados tendrán que ofrecer una explicación sobre el recorte, sus razones y sus beneficios.

Esperamos que ahora sí cumplan porque la misma Corte les demandó justificar el por qué se fijó el salario presidencial en 108,000 pesos -cuando comenzó la administración- y es la hora que seguimos esperando la explicación.

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Por cierto, la misma Primera Sala de la Suprema Corte tomó una decisión correcta al posponer una semana la discusión y análisis de las controversias constitucionales y la orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Los magistrados reconocieron el impacto que el fallo podría tener y optaron por una decisión políticamente inteligente.

Sin embargo, el proyecto de resolución a discutir elaborado por el magistrado Juan Luis González Alcántara, declara inválida la solicitud de una orden de aprehensión hecha por la Fiscalía General de la República así como la orden de aprehensión que ya se había girado con el número 139/2021 en contra de Cabeza de Vaca.

El proyecto invalida también los actos reclamados; es decir, que el Congreso local sí puede decidir sobre el desafuero del gobernador.

Falta la discusión en el pleno de la sala, pero el proyecto exime al gobernador tamaulipeco.

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Como sus aliados y sus cuates comenzaron a abandonarlo, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, busca que el apoyo venga del extranjero.

Por ello se postuló como candidato a la Secretaría Ejecutiva de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe para el periodo 2022-2026.

No se conoce el nombre de otros candidatos, pero de poco podría servirle ganar el cargo si proceden las acusaciones penales en su contra.

Por lo pronto, buscar refugio con los cuates de América Latina y el Caribe parece ser una de las pocas opciones que tiene el dirigente tricolor de colocar el discurso de complot en su contra.

LEG