El gobierno del presidente Joe Biden anunció el martes que restablecerá la obligatoriedad de que las agencias federales de Estados Unidos evalúen todas las consecuencias ambientales de la construcción de grandes proyectos de infraestructura, incluso en el cambio climático, revirtiendo una reforma llevada a cabo en 2020 por Donald Trump.
La decisión se refiere a la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA, sus siglas en inglés), aprobada por el Congreso en 1969 y según la cual cualquier gran proyecto de construcción en Estados Unidos -como carreteras u oleoductos- debe ir precedido de un estudio de impacto ambiental realizado por las autoridades federales competentes.
En 2020, el gobierno del expresidente Trump limitó su aplicación, en particular en la exigencia de tomar en cuenta los impactos “acumulativos” de un proyecto (como su incidencia en el cambio climático), con el argumento de que estos estudios eran demasiado complejos y tomaban demasiado tiempo.
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La administración Biden, que desde que asumió el cargo ha revertido muchas decisiones ambientales tomadas por Trump, ha optado ahora por restablecer las reglas anteriores.
Las agencias federales nuevamente tendrán que sopesar las “consecuencias directas, indirectas y acumulativas de una acción”, escribió el Consejo de Calidad Ambiental (CEQ, en inglés) de la Casa Blanca en un comunicado.
Esto incluye evaluar “de manera integral los impactos sobre el cambio climático”, así como “la contaminación adicional emitida hacia los vecindarios que ya están cargados de aire contaminado o agua sucia”, especifica.
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Las agencias federales también podrán estudiar nuevamente “acercamientos alternativos susceptibles de minimizar el costo medioambiental y de salud pública”, en concertación con poblaciones locales.
La Casa Blanca afirma que esto no causará retrasos adicionales en los proyectos de construcción que están en consideración.
La medida “ayudará a garantizar que los proyectos se construyan de la manera correcta desde el principio”, dijo Brenda Mallory, titular del CEQ, citada en el comunicado.
La Casa Blanca también indicó que “en los próximos meses” propondrá cambios adicionales a esta ley, con el fin de realizar “más mejoras para la eficiencia de los procesos de evaluación ambiental”.
Estos cambios deberán llevarse a cabo “lo más rápido posible” y ser “lo más fuertes posible”, comentó Leslie Fields, de la ONG medioambiental Sierra Club, al aplaudir el restablecimiento de esta “protección medioambiental básica”.
El anuncio del gobierno es “un paso adelante esencial”, agregó Abigail Dillen, de la asociación Earthjustice, pero “la administración Biden no puede quedarse en ello”.
Aunque el gobierno de Biden, que afirma priorizar la lucha contra el cambio climático, recibió en los últimos días fuertes críticas de asociaciones en defensa del medioambiente, tras el anuncio del reinicio de las ventas de concesiones para la explotación de hidrocarburos en las tierras federales.
klcg