JOSÉ JOEL PEÑA LLANES
El pasado martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un informe por los primeros 100 días de su cuarto año de gobierno ante un público que, después de concluir, le aplaudió por más de 40 segundos, siendo interrumpidos por el inicio del acto protocolario para entonar el Himno Nacional.
En los poco más de 50 minutos que duró el informe, el presidente se refirió, casi de manera exclusiva, a los asuntos internos más relevantes de lo que han denominado “la cuarta transformación”: El número de personas inscritas en el Seguro Social; el incremento del salario mínimo; el aumento de las remesas; el fortalecimiento del peso y la recuperación de la economía; la inauguración de proyectos estratégicos como el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” y la eventual construcción de muchos otros; el mantenimiento del precio de la gasolina y la tan mencionada reforma energética que se debatirá en la Cámara de Diputados en los próximos días; el incremento gradual de los programas sociales, y otras acciones características de un Estado de bienestar.
La intención de quien hace uso de la pluma no es poner en duda lo que se afirmó en dicho ejercicio de transparencia gubernamental. Solamente me interesa resaltar una cuestión: Los temas internacionales brillaron por su ausencia.

Durante el informe, el presidente de la República se refirió solamente a tres temas que tienen una relación con la política exterior nacional o, en todo caso, con vínculos con el exterior. En primer lugar, mencionó el aumento de las remesas. En segundo lugar, señaló que “la inversión extranjera ha sido la más alta de los últimos tiempos”. Y, por último, calificó el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) como un acierto por permitir que Méxio sea “uno de los países más atractivos del mundo para la inversión, el desarrollo económico y el comercio”.

No obstante, a mi juicio, era fundamental que el presidente López Obrador hiciera alusión al papel que ha tenido México como Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas, particularmente durante las exhaustivas y constantes discusiones sobre la agresión de Rusia a Ucrania en el seno de múltiples instituciones y programas afiliados a la mayor organización internacional de vocación universal.

Basta mencionar dos ejemplos importantes: El apoyo y voto a favor de la resolución del Consejo de Seguridad que condena las acciones del gobierno ruso; y la promoción, junto con el gobierno de Francia, de una resolución de la Asamblea General que hizo un llamado al cese inmediato de las hostilidades en Ucrania, a la protección de las personas civiles y al respeto del Derecho Internacional Humanitario.

Con estos hechos plausibles se revivió, aunque sea por unos momentos, la etapa dorada de la política exterior de México: Cuando grandes diplomáticas y diplomáticos condenaron, al más alto nivel, actos contrarios al Derecho Internacional perpetrados por diversos actores pero, sobre todo, aquellos que violaban flagrantemente los derechos humanos.

Destacar, retomar y dar continuidad a una política exterior activa debería ser una prioridad para un gobierno que pretende transformar al país, aunque todo indica que esto no ocurrirá. Al parecer, se cumplirá lo que el presidente López Obrador y otras personas funcionarias de su gobierno han repetido en reiteradas ocasiones: “La mejor política exterior es la interior”.

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