El llamado a la rebelión que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo a los priistas para votar a favor de su iniciativa de reforma energética parece estar destinado a los gobernadores y no a los diputados directamente.
López Obrador sabe que su proyecto de reforma está muerto si hoy fuera votado.
Pero también sabe de cómo los diputados tienen compromisos políticos, económicos y deudas de lealtad con los gobernadores que él puede capitalizar.
La iniciativa presidencial requiere de 334 votos porque se trata de una reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, que no los tiene Morena ni con los votos de sus rémoras, el PT y el Verde Ecologista.
En total, Morena y sus cuates suman 277 votos, requiere de 57 votos adicionales que en este momento no tiene.
El presidente del PRI, también diputado federal, Alejandro Moreno, afirmó el lunes que su bancada votará en contra del dictamen.
Eso sería posible si los gobernadores del tricolor no tuvieran compromisos con el Ejecutivo.
La influencia de los gobernadores entre sus legisladores federales siempre ha sido conocida y motivado encendidos debates.
A las dietas de los legisladores, los gobernadores suelen -o solían- sumar una parte igual “para gastos de representación’’, lo que generaba un compromiso con el jefe político de la entidad y con el que nadie se quería enemistar.
Es a esa práctica a la que ahora López Obrador apela para que los priistas aporten a Morena los votos que le faltan para aprobar la reforma energética.
El PRI tiene 71 diputados, el PAN 114 y el PRD 15; el Movimiento Ciudadano, que no participa en la alianza, tiene 23 votos que no le servirían a Morena para lograr la mayoría calificada.
Así que solo la presión que desde el Ejecutivo se pueda hacer a los gobernadores priistas “amigos’’ (Oaxaca, Estado de México, Hidalgo), podría lograr que sus diputados federales avalaran el controvertido dictamen.
Veremos.
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La visita de Adán Augusto López a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un día antes de una votación de la Ley de la Industria Eléctrica -no confundir con la reforma constitucional que se discute en San Lázaro-, forma parte de la presión a la que los magistrados están sujetos desde Palacio Nacional.
Por la mañana, el presidente López Obrador pronunció una frase que pasará a la historia, como aquella célebre “al diablo con las instituciones’’, para referirse al papel de los magistrados en la votación de dicha ley:
“A mí no vengan con ese cuento de que la ley es la ley’’.
La frase, que sepulta otra dicha por el Ejecutivo en su toma de protesta –“al margen de la ley nada, por encima de la ley, nadie’’-, se enmarcó en su descalificación a la Corte a la que exigió definirse si está “con el pueblo o con los intereses de las transnacionales’’.
Hoy que los 11 ministros voten el proyecto de sentencia se conocerá qué tanto impacto tuvieron la crítica presidencial y la visita de “la no corcholata’’ -dicho por López Obrador- a la Corte.
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Así como intempestiva fue la visita de Adán Augusto López a la Corte, fue la visita del embajador de Estados Unidos a Palacio Nacional, presuntamente para reunirse con López Obrador.
La visita de Ken Salazar se dio horas después de que el Presidente mexicano acusara que Estados Unidos cabildea con legisladores y empresarios en contra de la reforma energética.
¿Será que eso realmente molestó al representante de nuestro mayor socio comercial?
LEG