Propaganda gubernamental
Foto: Especial | Legisladores confiaron en que la Acción de Inconstitucionalidad presentada ante la SCJN sea considerada “con la misma convicción y vocación democráticas y sea resuelta en la misma dirección que la resolución del TEPJF”.  

Con excepción de Movimiento Ciudadano, senadores de oposición del PAN, PRI, PRD y Grupo Plural presentaron una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Decreto de interpretación auténtica del concepto de “propaganda gubernamental”, dentro del procedimiento de la Revocación de Mandato.

Dicho decreto publicado el pasado 17 de marzo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), también reforma diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Federal de Revocación de Mandato, que buscan que legisladores, gobernadores y demás servidores públicos, incluido el presidente de la República, puedan promover la Revocación de Mandato.

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Los integrantes del PAN, PRI, PRD y Grupo Plural, confiaron en que la Acción de Inconstitucionalidad presentada ante la SCJN sea considerada “con la misma convicción y vocación democráticas y sea resuelta en la misma dirección que la resolución del TEPJF”, con el fin de seguir fortaleciendo el Estado de Derecho, el respeto a los principios de equidad en las contiendas electorales y el pleno respeto a los procesos y voluntad del Poder Legislativo.

En su momento, los senadores de oposición advirtieron que “este atropello” contravenía la Carta Magna del país y que esta excepción, modificaba de manera sustancial y grave la equidad en este ejercicio electoral.

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Refirieron que el pasado 28 de marzo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró inaplicable dicho Decreto de interpretación y señaló que este no realiza una interpretación auténtica del concepto ´propaganda gubernamental´, sino que se establece una excepción a la prohibición de difusión de propaganda gubernamental durante el desarrollo de un proceso de revocación de mandato lo cual, es violatorio de la prohibición prevista en la propia Constitución
general”.

En este sentido, consideraron que la declaración del TEPJF asistió en la razón a las y los senadores que consideraron que este Decreto era a todas luces improcedente.

LEO