Con una rapidez inusitada, el Gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto aprobado por senadores y diputados de Morena y sus aliados, mediante el cual se elimina la prohibición para que funcionarios públicos promocionen la revocación de mandato.
Ni cuatro horas habían pasado de la aprobación del decreto cuando ya estaba circulando la edición vespertina del DOF con el documento enviado por el propio presidente López Obrador para su publicación.
En esencia, la reforma aprobada establece que “no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables”.
“Tampoco constituye propaganda gubernamental la información de interés público, conforme al artículo 3, fracción XII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que debe ser difundida bajo cualquier formato por las personas servidoras públicas’’.
Es decir, que mientras los servidores públicos no utilicen el recurso del erario, realicen actos de campaña en horarios de servicio, se manifiesten públicamente a favor de un candidato a cargos de elección o se promuevan ellos con cargo a los recursos públicos, lo que digan no será considerado propaganda.
El asunto será llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya sea por la oposición o por el propio INE.
Pero dados los tiempos para que se realice la llamada consulta de revocación, parece imposible que la Corte pueda emitir un fallo antes del 10 de abril, por lo que a partir de ya, cualquier funcionario, de cualquier nivel, puede publicitar la revocación cuando se le antoje.
Hay sin embargo, otro efecto del decreto, que puede ser objeto de análisis y diferendo.
Parece que por las prisas de los morenistas en el Congreso, la aprobación de este decretazo tiene que ver con salvar a los funcionarios -más de 70- que tienen acusaciones en el INE de haber violado la ley con la promoción particular de la revocación.
Si se aplica la retroactividad, ningún funcionario público o líder partidista podrá ser acusado de violar la ley.
Ley que por cierto ellos propusieron, aprobaron y ahora desecharon porque incomodaba a su líder.
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Morena sacó de sus sepulcros las revolucionarias “listas de raya’’, esa forma de pago en la que el patrón se cobraba a lo chino las deudas de los trabajadores, con una reforma con tintes inconstitucionales.
Los diputados de Morena aprobaron una reforma a la legislación laboral para que los patrones o empleadores, retengan del salario del trabajador el monto de los adeudos por créditos de nómina.
Bueno, ¿cómo estaría el asunto que algunos diputados de Morena y el PT votaron en contra del dictamen?
El tema puede ser debatido en la Corte pues según el artículo 123 Constitucional establece que el salario está exento de embargo, compensación o descuento y que el trabajador puede disponer libremente de él.
Los morenistas dicen que fue para “apoyar a los trabajadores’’.
Como diría el clásico, “n’ombre, unos genios’’.
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El Gobierno del estado de Puebla y el Centro Ricardo B. Salinas Pliego, organizarán el primer Festival de la Ideas, en el que participarán expertos mundiales en temas como liderazgo, salud, educación, innovación, libertad, prosperidad, entre otros.
Salinas Pliego inaugurará el evento, que se realizará del 31 de marzo al 2 de abril, con una exposición sobre libertad económica y el bitcoin como el dinero del futuro.
Vale la pena la vuelta por la capital poblana; siempre hay algo nuevo que aprender.
LEG