Ángel Álvaro Peña
El Consejo de la Judicatura Federal es el órgano regulador de los jueces, la instancia superior a sus fallos para que sean evaluados y se otorguen nuevas sentencias. Es decir, se trata de la autoridad a donde los jueces deben responder.
Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación se encarga de avisar a las diferentes oficinas de Gobierno que hay contradicciones o posibles desvíos de dinero, para corregirlas o sancionarlas. Su resolución es presentada a las dependencias correspondientes para que se rectifiquen o bien se expliquen las anomalías detectadas por esta Auditoría.
Así, de acuerdo con la revisión de la cuenta pública 2020, tercera entrega, de la Auditoría, en el último año de gestión del ministro presidente Luis María Aguilar Morales y en los dos primeros años de administración del ministro Arturo Zaldívar, el Consejo de la Judicatura Federal no localizó en inventarios físicos bienes inmuebles que fueron adquiridos por 456 millones 884 mil 400 pesos, además de otros bienes.
Aquí no se trata de la convocatoria a corregir facturas con comprobantes o gastos contra recibos sino de la desaparición de casas y edificios que los jueces desaparecieron como por arte de magia.
Ante esta situación el Consejo de la Judicatura mantiene abiertas investigaciones sobre la adquisición, realizada entre 2018 y 2020, de bienes inmuebles por más de 400 millones de pesos que hasta ahora no aparecen en inventarios físicos. Este mismo acto de magia lo habían practicado algunos jueces en Quintana Roo, cambiando de municipio terrenos de acuerdo a los intereses del mejor postor.
“Bienes no localizados en los inventarios físicos realizados en los ejercicios 2018, 2019 y 2020 por 456,884.4 miles de pesos de lo que se comprobó que el área competente del Consejo inició las investigaciones correspondientes, las cuales se encuentran en proceso”, observó la Auditoría, que detecta estas anomalías porque hubo espacios que simplemente desaparecieron del inventario y son varios como para que haya un simple error de contabilidad.
Es decir, se compraron casas con el dinero del Consejo que posteriormente algunos magistrados desaparecieron de los documentos oficiales como su propiedad y ahora ni el recuerdo de los inmuebles existe.
El órgano que debe cuidar que no haya corrupción en la administración pública, lo que demuestra que aún en los filtros que deberían impedir los malos manejos existen sospechas, que seguramente se convertirán en acusaciones posteriores.
Millones de mexicanos votaron por el actual régimen porque la gente estaba harta de la corrupción imperante en la administración pública; sin embargo, hay poderes que no sólo se resisten a bajarse el sueldo sino a dejar de practicar actos ilícitos.
Ahora como nunca se hace evidente la separación de poderes, porque antes la máxima autoridad del país era el Presidente de la República, quien estaba sobre el Poder Legislativo y, desde luego, del Judicial.
Lo que anteriormente era sumisión ante el Presidente de la República en este sexenio se convirtió en enemistad y casi en guerra a muerte, porque el Jefe del Ejecutivo, les dijo que debían reducir su salario a la cuarta parte: es decir, que no podrían ganar más que el Presidente y ahí fue donde la diferencia se convirtió en enemistad.
De ahí que para los jueces culpables de estas desapariciones de inmuebles el Presidente no sólo no es su jefe, sino que su opinión y su proyecto no les importa. Les tiene sin cuidado el objetivo del pueblo de erradicar la corrupción.
Esto sirvió para dejar claro el hecho de que hay separación de poderes, por ley. Y que la fusión que anteriormente se practicaba era totalmente ilegal y antinatural, se hablaba de un poder absoluto. De ahí que ahora quede muy claro que el Poder Judicial pareciera que sucumbe ante su propia ambición.
Si algunos jueces no tienen autoridad que les impida delinquir entonces no hay límite para sus ambiciones y los delitos de cuello blanco. La delincuencia institucionalizada sigue adherida a todos los niveles de Gobierno y el Poder Judicial no es la excepción y ya tiene una larga trayectoria en estos menesteres en el caso de algunos.
Vemos, por ejemplo, que un juez otorga un injusto amparo a delincuentes, o que permiten pasar en casa el proceso a delincuentes que robaron sin piedad. Hay jueces que hasta cambian de municipio terrenos que mueven a su antojo.
Esta corrupción tiene en este faltante de inmuebles el ejemplo más claro de una conducta delictiva cometida por los jueces que deben poner el ejemplo de honestidad y legalidad; sin embargo, hay quienes no se respetan, no honran su investidura y les importa poco el pueblo y la historia.
PEGA Y CORRE.- Para las elecciones del 5 de junio en seis estados hay más improvisación que coherencia entre los candidatos. Lo cierto es que ningún partido político se dio a la tarea de crear cuadros y esto es muy peligroso para la democracia del país, cuyos partidos juegan a hacer política… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.