El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Instituciones de Crédito para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluya a una persona en la lista de personas bloqueadas sin que se medie un mandato judicial.
La diputada Lidia García Anaya (Morena) reclamó que esta reforma no es contra la delincuencia organizada, sino en contra de personas físicas y morales que han visto vulnerados sus derechos y la legalidad del país.
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“No existe necesidad de aprobar un dictamen que deja en indefensión a los ciudadanos, vulnerando sus derechos de libre audiencia y, sobre todo, de notificación”, dijo la morenista a pesar de que su bancada junto con sus partido aliados aprobó el dictamen.
Recordó que la reserva que presentó al dictamen lo hizo en noviembre de 2019, cuando se aprobó por primera vez y envió al Senado de la República.
En esa ocasión, como ahora, García Anaya pidió que la UIF notifique por escrito a quien haya sido incluido en la lista de personas bloqueadas, pero fue rechazado.
“No puede la UIF protegerse en decir que no cuenta con recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo notificaciones personales”, lamentó la morenista.
El diputado José Yunes Zorrilla (PRI) expresó que el dictamen, además, lesiona los principios constitucionales de garantía de audiencia y de seguridad jurídica ambos consagrados en la Constitución.
La diputada Patricia Terrazas Baca (PAN) remarcó que la UIF no puede, ni debe, ser policía ni contar con atribuciones que por mandato constitucional sólo le corresponden al Ministerio Público.
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“Todos hemos sido testigos de cómo la UIF ha vulnerado el debido proceso y la presunción de inocencia. Ya se está haciendo costumbre que todas las leyes se violen con recurrencia, y veamos qué es lo que ha sucedido, principalmente estas últimas dos semanas desde el púlpito del Palacio, el gran abuso que se ha dado de la comunicación”, señaló la panista.
El dictamen se envió al Ejecutivo para su publicación.
LEG