En una reunión celebrada el 10 de diciembre, con embajadores latinoamericanos y caribeños acreditados en el país sobre la demanda civil que el Gobierno de México interpuso ante una corte de Estados Unidos en contra de fabricantes y distribuidores de armas de fuego, se abordaron las acciones que ha emprendido el Estado mexicano desde el ámbito nacional, bilateral, regional y multilateral para atender el tema del tráfico de armas.
A través de un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que como parte de sus acciones internacionales, el Gobierno de México también se valió de los recursos jurídicos a su alcance para atender el problema del tráfico de armas desde su origen.
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En dicha reunión se explicó que este esfuerzo legal se inició por instrucción del canciller Marcelo Ebrard Casaubon tras la masacre de mexicanos en El Paso, Texas, en agosto de 2019, y varios incidentes con armas de alto calibre que posteriormente han ocurrido en nuestro país.
“Se enfatizó que la demanda es en contra del comercio negligente de armerías y distribuidoras, no contra el Gobierno de Estados Unidos. Tampoco se trata de un acto intervencionista, pues el Estado mexicano ha recurrido al sistema legal de los Estados Unidos, que consideramos imparcial y que las empresas conocen bien”, se lee en el documento.
El tráfico ilícito de armas es un tema de interés para México y para la región entera, la cual presenta los índices más altos de violencia con armas de fuego del mundo. A pesar de los contextos nacionales específicos, la violencia que propicia el tráfico de armas tiene consecuencias de gran magnitud en la calidad de vida de nuestras poblaciones, así como en el desarrollo de nuestros países. En muchos casos, porcentajes considerables de las armas que se encuentran en el mercado ilegal de nuestros países provienen de Estados Unidos, precisó la dependencia.
La reunión fue presidida por el consultor jurídico, Alejandro Celorio Alcántara, y el director general para América Latina y el Caribe, Martín Borrego Llorente. Participó también el consultor jurídico adjunto “A”, Pablo Monroy Conesa.
En agosto el Gobierno de México recurrió a una Corte de Estados Unidos para demandar a fabricantes de armas a los que acusa de negligencia y propiciar un tráfico ilegal, que ha causado destrucción de bienes y vidas, por lo que exige una indemnización por daños y perjuicios.
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La demanda fue presentada ante en el Distrito de Massachusetts en contra de fabricantes como Smith & Wesson, Century Arms, Colt´s Manufacturing, Glock, Ruger y Barrett, cuyo rifle de francotirador calibre .50 es un arma de guerra utilizada por los cárteles de la droga.
En Estados Unidos, la Arms Control Association nominó el 8 de diciembre al secretario Marcelo Ebrard, como la Persona del Año para el Control de Armas.
La nominación se debe a la demanda contra once fabricantes de armas en Estados Unidos por comercio negligente que fue promovida este año por México a través de la cancillería.
OH