Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la paz de 1991 y reconocida luchadora por la democracia de su país, Birmania, fue condenada ayer a dos años de prisión por el régimen militar que orquestó el golpe de Estado, en febrero de este año, que la derrocó de su cargo.
La exdirigente ya había pasado 15 años en “libertad vigilada”, lo que la mantuvo confinada en su residencia. En esta ocasión, la situación es distinta, pues los militares mantienen en secreto el lugar donde está recluida y sus contactos con el exterior se limitan a breves reuniones con sus abogados, que no tienen permitido dar entrevistas.
Hija de un héroe de la independencia nacional, el general Aaung San, asesinado cuando ella tenía dos años, pasó la primera parte de su vida en el exilio, primero en India y luego en Reino Unido, donde contrajo matrimonio y tuvo dos hijos.
No fue sino hasta agosto 1988, a los 42 años, que regresó a su Birmania para visitar a su madre, coincidiendo con las manifestaciones del Levantamiento 8888, cuando sorprendió a todos anunciando que se iba a involucrar en el destino de su país.
“No podía, como hija de mi padre, mantenerme indiferente a todo lo que pasa”, dijo durante ese primer discurso.
La represión de 1988 dejó cerca de 3 mil muertos, marcó el nacimiento del símbolo y ella pasó a ser un ícono de la lucha por la democracia para el pueblo birmano, sofocado por la dictadura desde 1962.
Aunque la Junta Militar de Myanmar la autorizó a formar la LND, rápidamente la sometió a arresto domiciliario. Desde el confinamiento asistió a la victoria de su partido en las elecciones de 1990, pero la junta se negó a reconocer los resultados. Al año siguiente recibió el Premio Nobel de la Paz, pero no pudo asistir a la ceremonia sino hasta veinte años después.
En 2010 Aung San Suu Kyi fue liberada, tras 15 años bajo arresto domiciliario, y entró en el Parlamento en 2012, después de la autodisolución de la Junta, un año antes.
En 2017, cerca de 750 mil musulmanes de la minoría rohinyás huyeron de los abusos del gobierno y de las milicias budistas para refugiarse en campamentos en Bangladés. Tras esta tragedia, Birmania fue acusada de “genocidio” ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Suu Kyi, ya en el poder, no condenó a los militares y acudió en persona al tribunal a defender a su país donde negó “cualquier intención genocida”.
En noviembre de 2020 y con la victoria de su partido en las elecciones legislativas, Suu Kyi se había asegurado seguir al mando, lo que provocó la ira de los militares, que alegaban elecciones fraudulentas, y todo finalmente desencadenó en el golpe de Estado que la derrocó el 1 de febrero pasado. Desde ese momento, Aung San Suu Kyi se encuentra bajo arresto.
A partir de esa fecha, más de mil 300 personas han muerto y más de 10 mil han sido detenidas por la represión que surge del régimen golpista contra los disidentes.
A la Dama de Birmania se le imputaron varios cargos, tales como violación de la ley de secretos oficiales, corrupción, fraude electoral e incitación al desorden público, por los que ayer fue condenada a dos años de prisión.
Al respecto, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció la sentencia contra la dirigente Aung San Suu Kyi por parte del régimen militar birmano en lo que calificó como “un juicio amañado con un procedimiento secreto ante un tribunal controlado por militares”, afirmó Bachelet.
El lunes, tratando de sumar a la presión internacional, la asamblea general de Naciones Unidas suspendió por una duración indeterminada la petición de reconocimiento oficial de la Junta de Myanmar, que en agosto nombró a un representante en sustitución del nombrado por Suu Kyi.
Frase
“No creo en la esperanza, solo creo en el trabajo. Uno trabaja duro para alcanzar sus esperanzas. La esperanza por sí sola no nos lleva a ninguna parte”
LEG